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Blanca Flor Bonilla
Luchadora Social
La Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada el 21 de marzo de 1965, define como discriminación racial, las expresiones de exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública, hacia un sector de población determinado.
En los Estados Unidos los apaches, los sioux, los cheroquis, los cheyenes, los pies negros, los arapajó o los navajos, casi fueron exterminados por los europeos. Según el censo de 2000, cerca de los dos millones y medio que viven en EEUU (0.87 % de la población total de EE. UU.), sufren la violencia del racismo y la discriminación estadounidense, siendo olvidados o despreciados por amplios sectores. Tienen asignados territorios delimitados para habitar. En los últimos años han sido violentados para la extracción o traslado del petróleo por ductos de miles de kilómetros1. La discriminación racial se ha extendido también hacia la población latina migrante.
El apartheid fue el sistema político en Sudáfrica, sustentado en la Ley de Registro de la Población de 1950 que legalizó la discriminación racial. El 21 de marzo en 1960 la policía mató a 69 personas que se manifestaban pacíficamente contra esta ley. Nelson Mandela luchó contra el apartheid, fue privado de libertad durante 29 años. Al recuperar su libertad fue presidente de Sudáfrica y logró avances en la integración social, aunque todavía existen signos del apartheid. El profesor sudafricano Glen Snyman fue citado a una audiencia disciplinaria por identificarse como “africano” en una solicitud de empleo. Ryland Fisher2 inició en 1999 el proyecto “Una ciudad, muchas culturas” en Ciudad del Cabo, que pretende erradicar totalmente la discriminación racial en Sudáfrica.
Aunque Cristóbal Colón realizó tratados, pactos y acuerdos de fraternidad con el cacique Guacanagarí (La Española, ahora República Dominicana), y que Bartolomé de Las Casas consideraba que existía una relación de parentesco y amistad con los pueblos originarios; las primeras Ordenanzas sometieron a los indígenas bajo la autoridad del rey español. En 1573, con las Ordenanzas 139 y 140, la corona española buscó medidas de pacificación y amistad con los pueblos originarios, pero buscando su obediencia; les ofrecían regalos a la vez que pedían al clero y gobernantes no mostrar codicia por las propiedades de los pueblos originarios3.
Los primeros acuerdos con los principales caciques de “Cuzcatan” fueron en 1525. Se celebró una misa por la Iglesia católica el 6 de agosto, dando por conquistado el territorio. Ese año quedó instalada la Alcaldía del Común de Izalco.
En Derecho a la Propiedad, la tierra que pertenecía a los indígenas pasó a ser propiedad privada de conquistadores y encomenderos4. El levantamiento de los Nonualcos, liderado por Anastasio Aquino, fue en 1831.
Posteriormente, el despojo de las tierras ejidales y comunales ocurrido entre 1839 y 1893, otorgó las tierras a inmigrantes europeos que cultivarían café y añil. Rafael Zaldívar promulgó leyes entre 1881-1882, donde declaró la extinción de ejidos y tierras comunales.
Los pueblos continuaron luchando y, consecuencia de ello, fue el etnocidio de 1932, como la expresión más cruel para desaparecer a la población indígena. La represión se extendió hasta 1992.
Actualmente, el conflicto de las tierras de Tacushcalco, ubicado en Nahulingo, Sonsonate, está quedando en la impunidad: comunidades indígenas denunciaron los daños irreversibles que una empresa constructora de viviendas realizó al sitio arqueológico y patrimonio cultural.
La discriminación que cotidianamente enfrentan los indígenas y afrodescendientes tiene múltiples y variadas formas y expresiones que afectan negativamente todos los derechos y todas las libertades universalmente reconocidas, hiriendo la vida y la dignidad de los pueblos, las comunidades y las personas.
En la pandemia por COVID-19 ha aumentado la discriminación racial hacia la niñez, adolescencia y juventud de pueblos indígenas y afrodescendientes. Se ha interrumpido su educación, tienen menos perspectivas de empleo y una limitada capacidad para participar en la vida pública, lo que obstaculiza su empoderamiento individual y social.
El Estado salvadoreño está en deuda histórica con los pueblos originarios y afrodescendiente; también con la comunidad internacional. ¿Cuándo se hará justicia?
