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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
El Presidente de la República a través del Ministro de Justicia y Seguridad Pública ha presentado una seria propuesta encaminada a combatir uno de los flagelos que afectan a nuestra sociedad: La extorsión. Esa propuesta contiene elementos realmente novedosos en la conceptualización de ese delito, remedy sobre la forma de iniciar una investigación, prescription las penalidades y algo realmente preventivo, la prohibición del tráfico de telecomunicaciones desde y hacia los centros penales y de internamiento de menores.
En el Plan Nacional de Seguridad y Convivencia, se destacan: La visión integral y complementaria, políticas de prevención, combate al delito, protección de víctimas y fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la seguridad. Así mismo se enfatizan los roles de cada una de las instituciones estatales, de la comunidad y de los diferentes sectores interesados en una convivencia armónica. “Queremos comernos los frijolitos con tranquilidad nos decía un vecino de Ciudad Delgado”; en esa dirección es que debe estar cada uno de los actos del gobierno y de la cooperación de la gente.
A la Asamblea Legislativa, le corresponde ajustar normativas legales que viabilicen esa acción efectiva para lograr mayor seguridad en nuestro país y ahora le toca aprobar con la mayor prontitud posible la ley para combatir las extorsiones.
El delito de extorsión será perseguido de oficio, esto da fuerza a la Fiscalía y a la Policía Nacional Civil para mantener y continuar investigaciones a partir de diversos tipos de pruebas que la iniciativa contiene; les da nueva perspectiva a los jueces. En la propuesta están establecidas una serie de agravantes como el empleo de menores, la relación laboral o familiar existente entre quien comete el delito y la víctima; en la tipificación del delito se valoran los daños patrimoniales pero sobretodo otras afectaciones como la autonomía de la persona, la cohesión familiar y de la comunidad.
Algo que evidencia el alcance de la ley propuesta, es la prohibición a las empresas de telecomunicaciones de cualquier tráfico, teléfono, internet, mensajería, servicios de correo, todo lo que signifique transmitir o recibir en los centros penales y de internamiento de menores; se responsabiliza a las empresas de telecomunicaciones de tomar las medidas que eviten ese flujo y a la Superintendencia General de Energía y de Telecomunicaciones SIGET, velar por que cumplan esta prohibición y establecer la sanción a las mismas si se incumpliera.
Una de las noticias más recientes indica que en un penal de Usulután, la PNC encontró 300 teléfonos, noticias como esta se repiten con frecuencia. Nadie duda que para un operador puede interesar la ganancia, pero es correcto evitar que el espectro radioeléctrico sea usado para cometer extorsiones, y es facultad del Estado tomar medidas para evitarlo.
El Presidente ha anunciado otras iniciativas en la misma línea de limitar, castigar y erradicar la delincuencia; entre ellas el establecimiento de veda en el uso de armas de fuego, ha pedido a la Asamblea Legislativa aprobar solicitudes de préstamo que están pendientes y tienen como finalidad fortalecer a la Policía, a la Fiscalía y ampliar las oportunidades para jóvenes en riesgo, así como de reinserción social de aquéllos que estén en pandillas.
Las diputadas y los diputados del FMLN hemos estado, estamos y seguiremos estando en favor de apoyar toda ley que ayude a lograr un país seguro, apelamos a la responsabilidad con la sociedad de las otras fuerzas políticas para aprobar la ley anti extorsiones y los fondos que permitan potenciar la lucha por la seguridad de todas y todos.
¿Quién puede negar la importancia de ayudar a nuestro pueblo a vivir con tranquilidad? Pues estos son hechos que se pueden y solo tienen el requisito de la voluntad política, que pasan por despojarse de mezquindad. Estas no son las únicas acciones requeridas en un proceso por la seguridad, son algunos pasos indispensables que deben ser continuados con otros, por eso no deben demorar.
Dentro del Consejo de Seguridad y Convivencia muchos actores en el campo de la derecha han mostrado la comprensión de que aportar a la seguridad y a la confianza vale la pena; esas personas deben hacer sentir su voz y sus convicciones. La decisión de realizar una gran marcha por la vida, la paz y la justicia el próximo 26 de marzo es una demostración de que avanzamos, que más personas se comprometen con sinceridad en esta lucha.
Los 31 votos del FMLN están listos para aprobar la ley antiextorsiones, y los recursos financieros que fortalezcan a la PNC, la gestión penitenciaria eficaz y la prevención de la violencia.
