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Carta Económica
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En este artículo nos proponemos reiterar la crisis estructural de pago y liquidez que tiene el Estado, la cual queremos insistir que no puede ser resuelta en el marco de la política de la deuda del Estado que se viene impulsando desde que se implementó el neoliberalismo y ha llevado poco a poco al Estado a esta situación de insolvencia e iliquidez estructural, como ya mencionamos que nos lleva a un abismo más temprano que tarde.
Nos preocupa que por más que este análisis se ha difundido por los diferentes medios de comunicación, televisivos, impresos y digitales, la reacción de las autoridades que manejan la política económica del país a nivel del gobierno central y la Asamblea Legislativa, sigan embarcados en discusiones (para nosotros estériles) con el FMI, embajadores de los países representantes de los acreedores, es decir, de la banca internacional y en un debate con los partidos de derecha que no tienen desde un punto de vista económica la noción de la crisis hacia donde están encaminando al país, con sus posiciones de regateo de emisión de bonos, de ley de responsabilidad fiscal, de la no desprivatización de las pensiones, ignorando que estamos dolarizados y que esta es una de las otras razones estructurales de la crisis y viendo marginalmente el problema de la evasión fiscal, sin hasta ahora mencionar la posibilidad de revisar la elusión y evasión fiscal, etc.
Además, el Estado se ha obligado por financiamientos marginales, como el FOMILENIO II, a seguir gravando más, ahora el combustible, para atender la construcción de carreteras, cuando el problema es que en el país las fabricas se están cerrando y no se crean nuevas; también, por más que digamos que la agricultura producirá más, es un sector descapitalizado sin futuro si no se hacen reformas estructurales, si se menciona que habrá nuevas inversiones de 2000 o más millones de dólares en los próximos años, pero no dicen que son inversiones que no son capaces de levantar la economía del país, o sea que hace mucha publicidad económica pero no se discute con la seriedad que requiere la crisis que tenemos. Por otro lado, la tributación fiscal existente tiene una demanda deprimida que no podrá reactivarse si no se le quita esa inmensa carga fiscal de más del 25% de impuesto a los ingresos de los hogares, mientras que las empresas no pagan ni el 4% de impuestos sobre el excedente que reciben.
A continuación haremos un análisis breve de las perspectivas de la deuda pública y su trampa sin salida, si no se toman medidas estructurales, nos preocupa que vemos, como, que la política económica pareciera estar definida por la “lógica del avestruz de enterrar la cabeza para no ver el peligro que lo persigue”. No se quiere oír, ni ver, más bien se escuchan voces oficiales acusándonos de posiciones de una izquierda extrema; nos da tristeza escuchar eso, porque nos hace pensar que no se sabe de lo que se está hablando, dado que aquí estamos refiriéndonos a cómo funciona la economía en el mundo capitalista real, donde países como Islandia (que no tiene nada que ver con socialismo ni nada que se parezca a una extrema izquierda) al sufrir un ataque financiero lo llevó a una incapacidad de pago, al final el pueblo salió a la calle y le impuso al gobierno de turno que se declarara en incapacidad de pago, dado que este seguía con la lógica del FMI y el Banco Central Europeo, defendiendo al capital transnacional; en la línea anterior, también está el caso de Argentina. Llamar de “extrema izquierda” a los que tomaron la decisión de declararse en incapacidad de pago es desconocer ya no sólo de economía sino también de política. Queremos reiterar por el seguimiento que le hemos dado a dichas economías, que estos dos países resolvieron sus problemas coyunturales y estructurales, producto de la trampa de la deuda y otras medidas neoliberales que les impusieron políticos irresponsables y corruptos, como ha sido el caso nuestro, con los políticos del partido ARENA y sus dueños, que ahora precisamente toman posiciones hipócritas de querer tener responsabilidad fiscal y favorecer al pueblo.
Es necesario insistir en los costos que este modelo neoliberal han significado al pueblo y al Estado salvadoreño, decenas de miles de millones de dólares como detallamos a continuación:
a. Entre el año 2000 y el 2021 habremos pagado un servicio de deuda por $37,152 millones y la deuda de $4,794.4 millones que teníamos en el 2000 para el año 2021, el FMI la proyecta a $24,242 millones. Es decir que la deuda se habrá incrementado 5 veces desde el año 2000 y la habremos pagado en ese mismo período 7.7 veces.
b. Por otro lado, la evasión y elusión fiscal durante el período 1989- 2009 fue de $24,597 millones. Si a esto le agregamos que para el período 2010-2016 hemos estimado que la evasión y elusión significarán $17,623 millones más; además que la proyección para el período 2017-2019 es de $8402 millones. Es decir que solo entre el año 1989-2019, si continuamos con el modelo neoliberal, el Estado habrá dejado de recibir $50,622 millones por elusión y evasión fiscal. Un monto equivalente al 244% de la deuda proyectada por el FMI para el año 2019, que la estima en $20,720 millones.
c. Si sumamos el servicio de la deuda de $37,152 millones entre el periodo 2000- 2021 y la evasión y elusión fiscal de $50,622 millones entre el año 1989 y 2019, tenemos que el Estado producto del neoliberalismo está en la ruta de perder ingresos fiscales y ser saqueado por la banca internacional por un total de $87,774 millones en todo el período del modelo neoliberal si este continúa hasta el año 2021; estas cifras son difíciles de digerir pero lamentablemente es la realidad de nuestra economía como producto del neoliberalismo y la corrupción de ARENA. Aunado a lo anterior, hay que señalar que entre el año 2000 y 2014 las transnacionales se han llevado alrededor de $14 millones, es decir que el país ha sido saqueado con más $101 millones, y este monto se seguirá incrementando si no cambiamos el modelo neoliberal imperante , es decir, si seguimos haciendo ajuste a partir de emitir letes para pagar deuda de corto plazo y seguimos pidiendo deuda externa para pagar intereses y principal de la deuda ya acumulada, esta trampa de la deuda no tiene salida en la ruta que se sigue negociando.
Como se refleja claramente en las consecuencias que ha traído el modelo neoliberal, es importante mencionar que el Gobierno y el FMLN tienen que separarse de las voces que solo defienden los intereses del capital financiero internacional y a la gran burguesía oligárquica de nuestro país.
En los siguientes párrafos se presenta nuevamente el análisis de la situación de crisis del país, solicitamos que lo lean y reflexionen, no pretendemos tener la verdad pero si consideramos que nuestra crítica tiene bases sólidas, además de estar construida numéricamente con los datos oficiales del FMI y del Ministerio de Hacienda.
Análisis que demuestra la incapacidad de pago en la coyuntura actual.
El Estado salvadoreño se encuentra enfrentando serios problemas de liquidez, relacionados a las consecuencias del modelo neoliberal que se impulsó desde los Programas de Ajuste de Estructural (PAE) y los Programas de Estabilización Económica (PEE). La estructura tributaria se ha cargado en los hogares, la tasa de fiscalidad de los trabajadores (que es el porcentaje de ingresos que se aporta al Estado por medio de los impuestos) es superior a la tasa de fiscalidad que paga el capital. En promedio, la alícuota de ingresos del fondo de salarios que se destina al pago de impuestos tributarios en los últimos 10 años ha sido de 25.32%, mientras que los pagados por las empresas ha sido de 3.59% del excedente bruto de explotación.
Luego de estas reformas, la consecuencia lógica es un Estado desfinanciado para llevar a cabo programas que, por lo menos, sean capaces de paliar los efectos de un modelo neoliberal que amplía las brechas distributivas y, como efecto, profundiza la polarización en términos de subordinación ante la clase hegemónica que ha impulsado esta transformación. Los actuales problemas financieros del Estado son un reflejo del agotamiento de este modelo.
Las actuales negociaciones que se generan por un acuerdo para un Ley de Responsabilidad Fiscal son simplemente otra forma en la que se busca ocultar el verdadero centro del problema fiscal que pasa por un replanteamiento total de la estructura tributaria y, consecuentemente el modelo de desarrollo del país. El respaldo que estas iniciativas tienen desde organismos financieros internacionales como el FMI resulta del interés para ofrecer programas de rescate, o acuerdos financieros que condicionan el desarrollo del país a los intereses del capital trasnacional.
En tanto que el Estado salvadoreño ha usado el endeudamiento público a lo largo de los años para financiar y mantener las reformas neoliberales de privatización, liberalización y apertura de la economía y para sostener la dolarización a partir del año 2001, es pertinente iniciar un proceso de renegociación de la deuda a partir de declararnos en incapacidad de pago. Esto, como una decisión importante de realizar antes que las mismas condiciones del mercado obliguen al Estado a llegar a esa situación o el pueblo se lo imponga al Gobierno como sucedió en Islandia y Argentina.
Si se analiza la estructura de composición de la deuda, una estrategia de incapacidad de pago y de renegociación implicaría solicitar una moratoria por 10 años para los pagos de amortización e intereses de la deuda contraída con organismos multilaterales. De los 3,662.4 millones de dólares, que era el monto de la deuda multilateral a junio 2016, 1,988.5 millones de dólares corresponden a obligaciones contraídas con el BID, 912.8 millones con el Banco Mundial, 695.8 millones de dólares con el BCIE y 65.3 millones de dólares en otros organismos. Una negociación con este tipo de instancias es una alternativa viable frente a la situación de liquidez del país.
Además de la deuda bilateral se podría buscar una condonación de la deuda, si se toma en cuenta la escala de las economías que nos son acreedoras. Con Alemania se tiene una deuda de 141.3 millones de dólares, 43.2 millones de dólares con Japón y 45.3 millones de dólares con España. Gran parte de esta deuda proviene de programas de cooperación al desarrollo.
Los principales problemas en términos de deuda externa, ante una declaración de incapacidad de pago, provendría de la deuda comercial, representada por las obligaciones con los bonos emitidos en el mercado financiero internacional. En el contrato de emisión de bonos se establece que el Estado salvadoreño debe hacer frente a las obligaciones financieras adquiridas con la emisión y en caso de no poder pagar los cupones o los principales al vencimiento, el FMI funcionará como garante de la obligación. Así, el FMI establecería las condiciones para un préstamo al Estado salvadoreño para que los flujos de efectivo sirvan para pagar los valores en el mercado bursátil.
Ya hemos observado la forma en la que operan los acuerdos de esta naturaleza, tenemos el caso de Grecia que su crisis después de aplicar esta receta se ha profundizado, lo mismo podemos decir de España donde ahora las colas para los que no tienen que comer ni vivienda, después del neoliberalismo, se han vuelto parte del paisaje normal de las ciudades españolas; lo mismo puede decirse de Portugal, etc. Por último mencionar que en menos de un año de retorno del neoliberalismo a Argentina con el actual presidente conservador Maqui, la pobreza y el desempleo, así como la corrupción que se eliminó cuando se dio la incapacidad de pago en ese país y le permitió en los doce años siguientes ser una de las economías con mayor crecimiento en América Latina, además de haber reducido drásticamente la pobreza y el desempleo estructural. En 2009, el FMI acordó con el gobierno salvadoreño unos fondos Stand-by como medida precautoria a la falta de liquidez del sector público. Para tener posibilidad de contar con dichos fondos, el gobierno se vio obligado por las autoridades del FMI a un programa de recortes en su política social, principalmente en las estructuras de subsidios y metas fiscales contractivas, medidas que hasta ahora persisten y quieren profundizar, no obstante la pobreza que viven más del 85% de los hogares salvadoreños que además tienen esa gran carga fiscal del 25% de sus ingresos.
Por otra parte, los contratos de deuda traspasan la jurisdicción contractual a juzgados en New York, lo cual es inconstitucional y acá la Sala de lo Constitucional no dice nada, suprimiendo los parámetros de soberanía nacional. El Estado por su parte, renuncia a entablar cualquier proceso de reclamación por los Eurobonos emitidos o procesos suscitados con inversionistas, así como también renuncia a la capacidad de apelar a fallos generados en los tribunales de New York de parte de inversionistas. El contrato establece que cualquier reestructuración de las obligaciones es objeto de uniformidad de condiciones con todos los inversionistas, la cláusula pari passu, que le dio la entrada a los capitales buitres en Argentina, está presente en nuestro país, y nadie dice nada, donde repetimos, está la Sala de lo Constitucional y sus manifestaciones hipócritas de defensa de la Constitución.
Sin embargo, alcanzar un acuerdo en este sentido significaría liberar recursos para apoyar el desarrollo de las fuerzas productivas del país, sobre todo de la clase trabajadora más vulnerada. Solamente por los Eurobonos se deben pagar 408.5 millones de dólares en concepto de intereses anualmente. Esto, con colocaciones de bonos de calificación crediticia Baa3 y Ba1, que han permitido tasas de interés entre el 6% y 8% como cupón. Para noviembre, Moody’s ha disminuido la calificación de riesgo del país hasta un B3 que implicaría tasas de interés mayores para poder colocar deuda, a más del 12%.
En total, por intereses pagados, el Estado ha desembolsado 644 millones de dólares en 2015 y, según las previsiones del FMI, se deberán pagar más de 1,300 millones de dólares en el año 2021. Si a esto se le agrega el pago que se debe realizar por amortización de la de deuda, el monto por servicio de la deuda pagado en 2015 fue de 989 millones de dólares, es decir que el año pasado más del 20% del gasto público fue destinado al pago de este. Según las proyecciones del FMI, para 2021 el pago por servicio de la deuda sería de 1,685 millones de dólares y representaría más del 25% de los ingresos del Estado que el FMI proyecta para el mismo año, es decir que por cada dólar que ingresa al Estado, 25 centavos estarían destinados al pago de deuda.
Si bien retomar una estrategia de este tipo implica renunciar a los flujos de desembolso de deuda, el ahorro por la suspensión de los pagos sería mayor. Según las proyecciones del FMI, el pago del servicio de la deuda sería de 1,190 millones de dólares y 363 millones de dólares por desembolsos de deuda para el próximo año. De este modo, el monto de recursos liberados por el Estado sería de 827 millones de dólares para 2017 y un total de 5,344 millones de dólares en los próximos 5 años.
Si se plantea una alternativa de recompra de bonos, el contexto de aumento de tasas de interés puede impulsar una baja del precio de los bonos. En el gráfico siguiente se muestra el precio promedio ponderado de las emisiones de eurobonos de El Salvador (exceptuando la última emisión) y la relación con la tasa de referencia LIBOR USD a 6 meses. La relación inversa entre el precio de los bonos y la tasa es explicada en tanto al incrementar las tasas de interés estadounidenses los capitales verán más atractivo invertir en esos mercados y la demanda de bonos tendería a disminuir. Con las estimaciones de los movimientos de las tasas de interés se podría esperar que el precio de los eurobonos alcance un rango entre el 85.92% y 74.49%, lo que significa una recompra de los bonos por un rango de monto entre 4,158.26 millones de dólares y 3,605.48 millones una deuda nominal de 4,839.96 millones de dólares (sin tomar en cuenta la última emisión de 800 millones). Esta estimación de desvalorización del principal, sería mayor por dos razones, primero la descalificación próxima a nivel C que ya mencionan las calificadoras de riesgo, ese rango de caída de los precios de los bonos será mucho mayor y, en segundo lugar, ese mismo rango se profundizaría hasta quizás un 30% al momento que nos declaráramos en incapacidad de pago.
A esto, se debe agregar que buena parte de la deuda pública proviene del esquema privatizado de pensiones. Que la diferencia entre gastos e ingresos del Sector Público No Financiero ha disminuido desde los 910.2 millones de dólares en 2009 a 418.6 millones en 2015, esto es una reducción del 54%. Significa que el déficit del Sistema Público No Financiero ha llegado hasta el 1.6% del PIB en 2015, lo cual explica el poco crecimiento de la economía y la imposibilidad que esta pueda crecer más mientras esta situación persista o se profundice, que es lo que busca el FMI y los partidos de derecha. El aumento del déficit en 2015 hasta los 900 millones de dólares, que implica el 3.9% del PIB es resultado de la forma en que constituyó el esquema privatizado de pensiones, en tanto el sistema previsional es solamente sostenible con esas inyecciones del Estado.
La privatización de las pensiones que se realizó en 1997 con la aparición de las AFP, no resolvió el tema previsional sino que lo condujo a un diferimiento de la crisis, trasladando hacia adelante en el tiempo el estallido de la crisis fiscal, cabe mencionar que desde sus inicios la privatización fue inviable, para un análisis más a fondo ver el libro Propuesta Pensiones para Todos1.
Moody’s, en su reporte sobre calificación de riesgo del país, afirma que, como resultado del endeudamiento, las finanzas del gobierno son más débiles que las de otros países de la categoría Ba, con un peso de la deuda sobre el PIB 15% mayor que la media de la categoría. Esto también tiene a su base el aumento de la deuda a partir del sistema previsional, como se observa en el gráfico a continuación. La deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) ha pasado de 9,332.52 millones de dólares en 2009 a 12,233.7 millones en 2015, un aumento del 31%, pero que le permite estabilizarse alrededor del 46% del PIB. Sin embargo, la deuda del Sistema Público Financiero, donde están incluidas las pensiones, ha incrementado un 61%, pasando de 1,634.1 millones de dólares en 2009 a 4,196.4 millones de dólares en 2015, que implica un aumento del peso de esta deuda de 7.9% del PIB a 16.2%. De este modo, el peso total de la deuda pública en el PIB alcanzó el 64.2% en 2015. Según Moody’s, la diferencia del 15% del peso de la deuda, que coincide con el 16.2% por las pensiones, hace que el costo del financiamiento sea 4 puntos porcentuales mayor que la media de los países Ba, el país paga en promedio 12.7%, mientras que el resto de esa categoría un 8.7%.
Una estrategia capaz de enfrentar esta situación debe tomar en cuenta tanto parámetros de eficiencia como de justicia tributaria y social. Mantener el actual sistema privatizado de pensiones es financieramente insostenible para las finanzas públicas y la evidencia demuestra que tampoco presenta una solución real para las futuras jubilaciones. En este punto en el libro mencionado, se demuestra claramente que la única salida para resolver el problema de las pensiones está en su desprivatización total, e igual se demuestra que financieramente esta propuesta es sostenible, siempre y cuando se desprivatice totalmente el sistema y se desvincule de la caja del tesoro, además de que el Estado asuma su responsabilidad constitucional de aportar al Sistema de Pensiones del pueblo salvadoreño, dado que las pensiones son un derecho universal del mismo.
Además, el esquema liberalizado y desregularizado promovido en el país, al buscar reducir las capacidades del Estado, promueve los mecanismos de evasión y elusión fiscal para obtener altas tasas de rentabilidad. Esto, en la medida que son las empresas las que mayor capacidad poseen para hacer uso de estos mecanismos. Los impuestos destinados al consumo, como el IVA o impuestos específicos son trasladados al consumidor, que no posee capacidad de evadir ese pago. Del mismo modo, la retención de la renta de las personas asalariadas tiene muy poco margen para evadirlo. Sin embargo, existen múltiples mecanismos de ingeniería contable para que las empresas evadan y eludan el pago tributario correspondiente, tanto de los impuestos indirectos retenidos, como de los correspondientes a sus utilidades. Esta vía le cuesta al Estado cerca de 2.5 mil millones de dólares al año.
Es necesario rescatar también el criterio de justicia tributaria, que hace referencia al principio de equidad horizontal y vertical de la política tributaria. Esto implica que agentes con un mismo nivel de ingreso deben tener obligaciones similares y agentes con mayores niveles de ingresos deben responder con mayor tributación. El reto de justicia tributaria va más allá de los alcances de la elusión y evasión. Se trata de un problema estructural de una técnica tributaria funcional a un modelo perverso de acumulación. Si se eliminaran los canales de corrupción fiscal y las empresas tributaran lo legalmente correspondido, los hogares seguirían pagando más impuestos con respecto a sus ingresos. Las empresas pasarían de pagar 0.04 centavos por dólar, a 0.17, todavía inferior a los 0.25 que pagan los hogares. De ahí que resulta necesario ampliar el abanico de una técnica tributaria más progresiva.
Por último, debemos mencionar que es necesario comenzar a darle forma a un proceso de desdolarización de la economías, así como de cambiar la política exterior en cuanto a buscar nuevos aliados económicos y políticos, que nos apoyen a romper con la dependencia total, del sistema financiero creado en Bretton Woods, a favor de la economía del dólar y el capital financiero transnacional capitalista, necesitamos incorporar en nuestras relaciones económicas y políticas los parámetros de asimetría y solidaridad, sino es imposible salir de esta trampa, que sin duda nos llevará a una nueva situación de corrupción política y social.
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