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@RosmeriAlfaro
“Tradicionalmente, los trabajadores han estado en desventaja en cuanto a la aplicación de justicia laboral”, afirmó Marcos Rodríguez,
coordinador de la Comisión Presidencial para Asuntos Laborales, en el foro “La reforma a la justicia laboral en El Salvador: una necesidad
impostergable”, en el que se discutió sobre los problemas que enfrenta el sistema de justicia laboral salvadoreño y se exploraron alternativas de solución.
Según Rodríguez, quien también es secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, los tres principales problemas que
enfrenta el sector laboral son: las dificultades de mediación, la carencia de una justicia especializada y la infraestructura y medios materiales insuficientes especialmente en el interior del país.
Ruth Juárez, del Programa de derechos laborales y económicos de ORMUSA, expresó que es importante discutir sobre los principales obstáculos y
desafíos que enfrenta la clase trabajadora respecto a la justicia laboral, obstáculos que van desde la distribución inequitativa de las
riquezas, hasta la retardación de las decisiones judiciales y cómo esto puede afectar a los trabajadores en cuanto a sus derechos humanos
laborales. Según Juárez, un diagnóstico hecho en 2010 demostró que una persona que inicia un proceso laboral, por despido injustificado, tarda un
aproximado de tres años para obtener una resolución, lo cual, afirmó, es “un proceso verdaderamente engorroso y desgastante, ya que la
afectación de los derechos laborales afecta todas las aristas de vida de una persona”.
Además de facilitar los espacios para una discusión pública sobre los obstáculos que enfrenta el sistema judicial laboral, el foro facilitó
la búsqueda de alternativas de solución, especialmente en el contenido del proyecto del Código Procesal de Trabajo que se encuentra en
estudio en la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con Juárez, el proyecto de un Código Procesal Laboral permitiría tener procedimientos ágiles y oportunos, justos y dando la
oportunidad a los trabajadores de defenderse y sobre todo resarcir los daños ocasionados. “Es necesario un código en el que se puedan abordar
ciertos contenidos como violación de derechos humanos”, dijo.
