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ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL PROGRESO SOCIAL – CIDEP –
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Históricamente El Salvador no ha contado con una reforma tributaria justa. Durante los años 1989-2008 se aplicó una reforma tributaria regresiva, a favor de los sectores de mayores ingresos: eliminación de los impuestos a las exportaciones de café, camarón y azúcar (1992), a las donaciones y sucesiones (1993) y al patrimonio (1994), reducción del impuesto sobre la renta de las grandes empresas (de 35% a 25%) y sobre la transferencia de propiedades, reducción de aranceles (desde 1989 hasta hoy) y eliminación de impuestos municipales, IVA, renta y aranceles a las inversiones en turismo de más de 50,000 dólares (2005).
Para que el Estado compensara una parte de los ingresos que dejaba de percibir por los impuestos suprimidos o recortados, el gobierno de Alfredo Cristiani introdujo el IVA con 10% (en sustitución del timbre), la gestión de Calderón Sol lo elevó a 13% y la de Francisco Flores se lo colocó a las verduras, las frutas, los granos básicos, la leche y las medicinas. También se crearon algunos impuestos selectivos, como el de la gasolina, para financiar el FOVIAL; el de bebidas alcohólicas, tabaco y armas, para financiar el FOSALUD, entre otros.
Si bien el gobierno aumentó su carga tributaria, de 10% (1989) a 13.7% (año 2009), la misma se sustentó en impuestos indirectos (al consumo) y en la renta salarial, que para 2009 representaban el 84% de los ingresos tributarios, contra un 16% que aportaba y el impuesto a la ganancia de las empresas. Ese año el déficit fiscal fue de 1,142 millones de dólares, equivalentes al 5.7% del PIB, una cifra muy elevada.
En este marco, la Coalición Social Watch El Salvador, de la cual CIDEP es punto focal, considera importante que el Estado recaude más y aumente la inversión social sin afectar a la población de menos ingresos. Sería incorrecto cargarles impuestos a la población consumidora y a los salarios de la gente pobre como lo hicieron los gobiernos pasados como por ejemplo con el IVA. Se necesita una reforma fiscal justa y completa, en la que quien tenga más pague más y que quienes evadan su responsabilidad con el Estado sean sancionados y denunciados públicamente. Que las grandes empresas y financieras asuman su responsabilidad social desde un enfoque solidario y comprometido con los programas sociales nacionales.
Llamamos a la población a demandar que se discuta y apruebe un sistema tributario justo, ya que las finanzas saludables del Estado garantizan el cumplimiento de sus funciones y la efectiva ejecución de los diferentes programas sociales que se implementan y que garantizan los derechos humanos de los sectores poblacionales que más lo necesitan.
¡EXIGIMOS JUSTICIA FISCAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, SALUD, SEGURIDAD
Y EL EFECTIVO FINANCIAMIENTO A LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE LOS PROMUEVEN!
