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Yaneth Estrada
@caricheop
Como una luz al final del camino, la Cámara Tercera de lo Penal ordenó, el pasado 11 de marzo de 2019, la reapertura del caso de la Masacre de los seis sacerdotes Jesuitas y sus dos colaboradoras al interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en noviembre de 1989.
Diario Co Latino, al respecto, entrevistó a Arnau Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).
Según los registros, la masacre fue perpetrada el día 16 de noviembre de 1989, cuando seis sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos empleadas domésticas fueron acribillados a tiros dentro del campus de la UCA, antes fueron colocados boca abajo para la ejecución. En el patio central se encontraron los cuerpos de cinco de los religiosos, y en una de las habitaciones se encontraba otro de ellos. Los cadáveres de la mujer y la niña estaban en otro cuarto anexo. En el mismo lugar, los asesinos, militares de la Fuerza Armada, también incendiaron y saquearon el Centro Monseñor Romero.
Posteriormente, una Ley de Amnistía (1993) silenció esta masacre y calmó la indignación internacional, pero en el Informe de la Comisión de la Verdad.
Asimismo, la masacre del Mozote (1981) y el homicidio de los seis sacerdotes jesuitas (1989), ya fueron imputadas a las unidades especiales de la Fuerza Armada, bajo las órdenes del entonces presidente de la República y comandante General de las Fuerzas Armadas, Alfredo Cristiani.
Ya entrados en materia, podría explicar ¿qué significa la reapertura de un caso tan emblemático para la sociedad salvadoreña y el mundo?
-Esta es una noticia esperanzadora, creo que también es un precedente muy importante para el país, porque la cámara lo que dice ahora es que tiene que confirmar lo que siempre hemos dicho (las organizaciones sociales), que este es un crimen de lesa humanidad o un caso de crimen de guerra, por lo tanto, no podía prescribir y ahora se debe iniciar un proceso para investigar la autoría intelectual de quiénes causaron la muerte de los padres Jesuitas, más dos colaboradoras.
En este momento, la Asamblea Legislativa discute una Ley de Reconciliación de Víctimas, ante la resolución en 2016 de inconstitucionalidad de la ley de Amnistía aprobada en 1993, que dejaría fuera los crímenes de lesa humanidad durante el pasado conflicto armado (1980-1992), ¿qué piensa al respecto?
-Entendemos, que probablemente es algo de muy mal gusto para la víctima y eso demuestra que no están pensado en ellas (cerca de entre 75 mil y 90 mil víctimas), sino en cómo proteger a los militares y en cómo vamos a hacer para que los criminales de guerra pues salgan “bien librados”.
Realmente, creo que esto es un elemento que no se debería permitir o que efectivamente no puede ser viable, ya que esta ley porque contradice los derechos internacionales, los derechos humanos, convenios, tratados y la constitucionalidad.
¿Qué esperarían con el inicio de una nueva investigación en el caso jesuitas en el país?
-Estamos esperando que la FGR, presente un nuevo requerimiento, ya que esta es una de las cosas que la cámara no ordena, sino que instruye para que el juez de paz, quien no está conforme y solicite la fiscalía un nuevo requerimiento y estaremos a la espera.
Muchos condenan y señalan a las organizaciones sociales por buscar justicia a tres décadas de la Firma de los Acuerdos de Paz. ¿Por qué es importante conocer y procesar estos casos?
-Es importante, porque nadie que haya tenido contacto con las víctimas, que ha escuchado a las víctimas, que haya decidido saber las preocupaciones de las víctimas, puede afirmar que estamos en un país “reconciliado” o en paz, sí actualmente existen desplazamientos forzados, desaparecidos y asesinatos, tampoco podemos afirmar que ellos (las víctimas), han cerrado heridas sin existir un proceso de justicia, un proceso de juzgamiento y un proceso de perdón. Nunca se tiene que confundir el tema justicia con venganza.
Como organizaciones sociales ¿Esperarían que en los próximos meses o años se habrán más casos como este, se conoce de 160 que actualmente son investigados por la FGR?
-Deberían investigarse todos los casos de crímenes de guerra y lesa humanidad, que pudieron haber ocurrido durante el pasado conflicto armado.
También entendemos que es materia compleja, que han pasado muchos años y que algunos archivos se han perdido, pero esto sí debe servir como un precedente de cómo hacer este tipo de investigaciones y avanzarlas.
¿Cómo deberían ser la aplicación de penas en estos tipos de crímenes, pues algunos expertos las consideran las propuestas muy blandas?
-Primero, debemos decir que en este sentido debe haber una sentencia y luego una pena pero también esos temas deben marcar un precedente.
De cara a un nuevo gobierno que no se define claramente como militar (PCN), de izquierda (FMLN) u oficialista (ARENA), ¿cuál sería su propuesta para combatir esto “famosos” casos de impunidad?. Sería conveniente, que se ponga al frente de las instituciones policiales o de seguridad a representantes de la sociedad civil, para mostrar un avance y luego de siglos de impunidad, se pediría al nuevo mandatario abrir los expedientes de la Fuerza Armada, ya que con dos Gobiernos de izquierda no se pudo lograr…
