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José M. Tojeira
El agua es un bien público. Y todos los salvadoreños tenemos el mismo derecho a este bien indispensable para vivir. Sin embargo un grupo de diputados no quiere aprobar una ley del agua que la garantice como derecho humano de primer nivel. El Banco Mundial, los TLC, tienden a ver el agua como un bien de mercado. Cada vez más informes internacionales ponen al agua como objeto de inversión muy rentable. En un artículo del periódico español El País se cita al periódico inglés The Telegraph que afirmaba que la inversión en agua puede ser más rentable que la inversión en oro. E insistía, siempre según la cita, en que “en los últimos cinco años, las acciones de las empresas relacionadas con el negocio del agua incluidas en el índice global de agua de Standard & Poor’s han obtenido una rentabilidad dos veces mayor que las del oro. A largo plazo, sostienen los expertos en Bolsa, no hay mejor sector para invertir que el del agua”.
Frente a este tipo de informaciones es bueno recordar el otro lado: el de la ética y los principios básicos de humanidad. La ONU en su Asamblea General de 28 de Julio de 2010 (resolución 64/292) reconoció como derecho humano el acceso al agua y al saneamiento. E insistió en que ambos derechos son imprescindibles para que se puedan respetar realmente el resto de los derechos humanos. El Papa Francisco en su encíclica “Laudato Si” dice textualmente: “Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”. Y por si queda alguna duda en los países como los nuestros, donde los económicamente poderosos depredan con frecuencia el agua que es de todos, el Papa añade: “Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”.
Por supuesto que nunca veremos en los grandes periódicos del país un titular que diga “La empresa tal o la lotificación cual niega el derecho a la vida a la comunidad pobre de tal lugar”. Aquí parece que sólo matan los mareros, pero si es cierto que hay en el mundo “una economía que mata” (Papa Francisco) o una “guerra de poderosos contra débiles” (Papa Juan Pablo II), algo más que el silencio debía surgir y estallar en la información salvadoreña sobre ciertos tipos de privaciones que pueden causar la muerte. La mitad de los pobres en El Salvador (un 36% de la población) no tienen acceso a agua potable. Y más de tres cuartas partes de ese sector social carecen de saneamiento. Si además añadimos la cantidad de no pobres que están en las mismas o semejantes condiciones, las cifras se elevan bastante. ¿No habrá causado muerte este tipo de situación en El Salvador? ¿Habrá que echarle toda la culpa al Estado mientras determinadas empresas depredan el agua salvadoreña y mientras una serie de diputados sin escrúpulos defienden en el fondo la comercialización brutal y excluyente del agua?
Con frecuencia los empresarios piden transparencia al Estado. Todos la pedimos y es bueno. Pero en el tema del agua también las empresas tienen que ser transparentes. Grandes empresas constructoras de viviendas están dañando el derecho al agua de comunidades pobres aledañas a los complejos habitacionales destinados a un máximo del 25% de la población salvadoreña. La Coca Cola no es demasiado transparente en su uso del agua y ciertamente depreda recursos importantes en el área de Nejapa. La Sala de lo Constitucional dejó claro en el 2010 que los bienes del subsuelo son estatales y solamente la Asamblea Legislativa puede concesionarlos. Sin embargo ANDA sigue siendo la que concesiona de un modo que no es ni plenamente trasparente ni muchas veces justo. Urge una ley del agua que garantice el derecho y el acceso a la misma de toda la población.
El Salvador no debería tener dificultades con el agua. La caída anual de lluvias en nuestro país es superior a la de muchos países desarrollados que no tienen problema ni carestía de agua potable o saneamiento. Saber aprovecharla y almacenarla en vez de depredarla, reforestar, invertir en el saneamiento de nuestros ríos son tareas urgentes que merecen un plan global al menos hasta el año 2035. Porque para ese año, según cálculos, y de seguir así las cosas, se espera que El Salvador tenga estrés hídrico. Y por supuesto es imprescindible eliminar la perspectiva de la minería a cielo abierto, que podría poner en serio peligro la cuenca hidrográfica del Lempa. El agua es una urgencia en El Salvador. Prevenir el desastre de un país con graves problemas en ese campo es indispensable. Y no es precisamente el mercado que traerá la solución, sino el control, la planificación de una serie de obras y la defensa del agua como un derecho básico.
