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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
En el Día Internacional de la Tierra, miembros de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) afirmaron que el país enfrenta una serie de problemas ambientales como la deforestación, contaminación, falta de agua y amenazas contra defensores ambientalistas, ante esto, se tiene un lento y débil avance en las leyes para proteger el medioambiente.
Según Carolina Amaya, representante de la UNES, los diputados de la legislatura que están prontos a salir de sus cargos dejan una deuda pendiente en materia de leyes y reformas vinculadas al medioambiente, ya que no se le ha dado la importancia requerida al tema.
“Pena les debería de dar la deuda ecológica que le dejan al país, ellos tuvieron la oportunidad de aprobar la ley general de agua, ley de la soberanía alimentaria, así como prohibir los agrotóxicos que tantas muertes causan. Se van y al irse, en especial los partidos de derecha, van pensando más en su bono y casi hay que premiarlos por no hacer casi nada”, afirmó Amaya.
Asimismo, dijo que durante estos últimos años las fracciones de derecha en la Asamblea Legislativa han boicoteado los acuerdos de las propuestas de leyes importantes para el país, como es la ratificación de la reforma constitucional para incluir el derecho al agua y la alimentación como un derecho humano.
La representante de la UNES consideró necesario que el Órgano Ejecutivo refuerce la institucionalidad jurídica ambiental y hacerla cumplir, las instituciones de Gobierno necesitan más convicción para hacer cumplir las leyes.
En el caso de Tacuscalco, el MARN y SECULTURA han emitido una resolución de paro de labores en el sitio arqueológico por no tener los permisos ambientales, pero esto muchas veces solo quedan en escritos y no se materializa en el territorio.
Entre tanto, Luis González, abogado de la UNES, señaló que en el país se agudiza el deterioro ecológico ante la incapacidad de frenar a los destructores ambientales, por lo cual es necesario pasar de la propuesta a la protesta social.
Asimismo, pidió al gobierno central aplicar la sanción y acción legal en contra de las empresas e industrias que violentan la ley de medioambiente, ya que este aspecto la mayoría de veces ha sido tomado como un trámite a simplificar para que vengan las inversiones, pues no se da mayor seguimiento y control a los permisos brindados para que se ejecuten los proyectos tal y como se plantearon.
Para la UNES es importante que los magistrados y jueces den la magnitud que merece el tema medioambiental y que no se beneficie con procesos contenciosos administrativos a empresas que buscan dilatar su responsabilidad de los daños que sus proyectos causan.
