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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) denunció el intento del órgano Ejecutivo de flexibilizar las disposiciones transitorias para agilizar trámites en el marco de la atención de Emergencia Nacional Sanitaria, tal como se evidencia en la propuesta presentada el pasado 27 de marzo del presente año por el ministro de Obras Públicas, Edgar Romero Rodríguez, ante la Asamblea Legislativa.
Con la propuesta, señalan que tratan de agilizar trámites y procedimientos administrativos en todas las instituciones gubernamentales involucradas, que permitirá la “emisión de permisos y autorizaciones para la ejecución y desarrollo de actividades, obras o proyectos de construcción”, afirmaron.
“Nos preocupa que la propuesta en mención, entre los trámites que contemplan flexibilizar están: Evaluaciones preliminares y entre estas la factibilidad de abastecimiento de agua potable y alcantarillado o manejo de excretas y aguas grises; aprobación de permisos como el permiso ambiental, construcción y licencia de obra por parte de Ministerio de Cultura. Y estos son solo algunos ejemplos de lo que se pretende flexibilizar, por tanto, obviar la normativa vigente”, expusieron.
La UNES reiteró que esa propuesta del Ejecutivo, es inviable a partir de que el país tiene un alto nivel de degradación y vulnerabilidad ambiental, y de aprobarlo la Asamblea Legislativa, en el marco de la Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19, se estarían anulando los “débiles controles”, con los que se cuentan para evitar obras o proyectos que impactan los ecosistemas.
La UNES hace referencia al proyecto urbanístico Valle El Ángel, en la zona Norte de San Salvador, que desarrolla un complejo urbanístico y centro comercial y el energético con la represa hidroeléctrica Nahuizalco ll, lo que rechazaron porque traería mayor destrucción ambiental y mayor impacto en la calidad de vida la población salvadoreña.
“En este país que sufre día con día, falta de acceso al agua, contaminación de ecosistemas, deforestación, urbanizaciones ilegales, quema de bosques, entre muchos otros problemas ambientales, se piense seriamente excusarse en la pandemia para no hacer evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos”, reafirmaron.
Sobre los permisos solicitados por las municipalidades en la construcción de nuevos o ampliaciones a cementerios ya existentes, la UNES expresó que los permisos a este tipo de obras pueden ser “ágiles”, pero no “flexibles”, y mucho menos, autorizarlos sin un estudio de impacto ambiental eminentemente técnico y profesional. Este tipo de propuestas solo profundiza la vulnerabilidad ambiental nacional y afecta a las comunidades más pobres, señala.
“Le exigimos al órgano Ejecutivo retirar la propuesta de Ley de Disposiciones Transitorias para la Agilización de Trámites para la Atención de la Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, presentada a la Asamblea Legislativa. Y dejar de buscar mecanismos para no exigir los estudios de impacto ambiental en los proyectos en general, y en especial los urbanísticos que aumentarían la vulnerabilidad en las comunidades”, advirtieron.
También piden dar cumplimiento y monitoreo del marco legal ambiental, que en el último año ha estado fuertemente violentado, registrando un aumento en el marco de la crisis por la pandemia del COVID-19.
