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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El equipo técnico de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) presentó una serie de valoraciones de las decisiones que está tomando el Estado, sobre la Ley General del Agua y otros temas relacionados al medio ambiente, que en lo jurídico, político y ecológico, tendría repercusiones en extensas poblaciones que viven en situación de vulnerabilidad y los bienes naturales, que muchos los acecha la crisis ambiental.
La UNES abordó también el tema de la “minería del Bitcoin y el consumo de energía eléctrica. Las últimas reformas al Código de Salud, que toca la sustentabilidad del recurso hídrico y la tercera resolución de amparo de la Sala de lo Constitucional, sobre la concesión de aguas subterráneas en inmuebles privados.
La UNES tiene en su haber toda una historia de 34 años de lucha ambientalista, que lo ha caracterizado la propuesta y la protesta social. Además de haber contribuido con iniciativas que ahora se recogen en varias leyes del país, como: Ley de Medio Ambiente, Ley de Áreas Protegidas, Ley de Protección Civil y Mitigación de Desastres y en la creación de Tribunales Ambientales, desde un espacio colectivo junto a organizaciones territoriales que buscan contribuir al debate político y salvaguardar los bienes naturales.
“La minería del Bitcoin nos preocupa, porque en todos los estudios realizados en el mundo se ha afirmado categóricamente que la minería informática necesaria para crear Bitcoin, demanda un descomunal consumo de energía eléctrica”, explicó Mauricio Sermeño, presidente de la UNES.
La desmesurada exigencia de energía eléctrica se traduciría en una intensa cantidad de emanaciones de Gases Efecto Invernadero (GEI), que ha sido identificado como el principal origen del calentamiento global y las modificaciones del clima a nivel mundial. Por lo que Sermeño consideró era suficiente para declarar que la minería Bitcoin es antiecológica.
“Un estudio de la revista Nature ha concluído que las operaciones de la minería bitcoin solo en China produce 130 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono (GEI). Y un estudio de la Universidad de Cambridge ha concluido que la energía anual para producir bitcoin, supera ya, lo que consume Argentina. Si el Bitcoin fuera un país consumiría más electricidad al año que Finlandia o Suiza, y concluyen que el consumo de electricidad para minar bitcoin, equivale a 121.36 Teravatio/hora, o 1 billón de vatios-hora”, subrayó.
Entonces, sobre la propuesta del presidente Nayib Bukele, de minar bitcoin, Sermeño señaló que el “calor” que se emitiría con esta tecnología, sería tan descomunal que aumentaría la temperatura del país. Y que por estos componentes esta actividad se da en los países fríos como Islandia y regiones altas de China, entre otros. Y El Salvador no tiene la capacidad para dar abasto a este tipo de consumo y no beneficia a las familias.
José Alejandro Labrador, coordinador territorial de la Cuenca Hidrográfica Sensunapan-Banderas, Sonsonate, expresó la preocupación sobre el deterioro de los derechos humanos y la gestión sustentable del agua y ecosistemas, que ahora se han intensificado con la última reforma al Código de Salud, en sus artículos del 96 al 102, el pasado 6 de julio, en la Asamblea Legislativa.
Porque en esos preceptos legales establecidos anteriormente permitían a las comunidades contar con información primordial sobre la extensión o impactos de diversos proyectos de infraestructura o edificaciones en el medio ambiente y ecosistemas del territorio.
“Cuando se derogan estos artículos estamos ante un hecho que va a dejar prácticamente en la impunidad y sin ningún tipo de control, pese a que era ya un reto para el Estado salvadoreño, tener la capacidad técnica y monitoreo de la aplicación de leyes ambientales vigentes o preceptos legales relacionados a la regulación de la salud y los ecosistemas”.
“Ahora, tenemos que empresas constructoras o cierta industria no tendrá que rendir cuentas sobre el tipo de suministros de agua de los edificios o infraestructura que construyan o el tipo de drenaje que coloquen en esas obras que son aguas negras o residuales”, dijo.
“Esas regulaciones de los artículos eliminados eran una manera de conocer cuando un desarrollador que proponía una infraestructura, tener información de los impactos a la salud por los desechos que generaban. Ahora, esas mediciones de impacto, esos cálculos de cómo van afectar la salud y ecosistemas se perdieron y son poco importante para este gobierno”, manifestó Labrador.
Andrea Padilla, experta en Género y Ecofeminismo de la UNES, opinó sobre la resolución de amparo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que emitió el pasado 7 de julio (203/2017), desde la cual, ordenan a la Asamblea Legislativa, a que en un plazo de 6 meses, emita una normativa para concesionar las aguas freáticas en inmuebles de propiedad privada.
“Es preocupante toda esta situación que parece contribuir a demorar la discusión de la Ley General de Aguas, una lucha social de las organizaciones de la sociedad civil. Y que precisamente en nuestras propuestas aborda este tipo de usos, como eje central para ser regulado por dicha ley”.
“Y nos preocupa mucho más, porque al dar un mandato tan general y manera abstracta, parece que siguen haciendo caso omiso de la crisis hídrica en la que nos encontramos en El Salvador. Y dejan sin dar prioridad a otros sectores y actividades como el consumo humano por la industrial y agroindustrial del agua. Si bien, plantean que haya un control del uso del agua, sabemos que no hay seguimiento de estos mecanismos”, acotó Padilla.
“Es interesante como en un corto plazo de tiempo, los tres poderes del Estado, han tomado decisiones que afectan el medio ambiente”, alegó Luis González, del Equipo Técnico de la UNES, al señalar que en un país tan vulnerable, se tomen este tipo de decisiones que elevan la crisis de diversos ecosistemas.
“Apostar a industrias inviables que traerán mayores complicaciones ambientales, es similar cuando querían la industria de minería metálica, y ahora el bitcoin, extraería energía geotérmica y por tanto más pozos que tendrán impactos en las comunidades en el Norte de Usulután, porque las comunidades tienen efectos negativos cuando limpian los pozos, no hay agua disponible, entonces son más las afectaciones”.
“El tema de las urbanizaciones y los permisos ambientales, el caso de urbanización Acrópolis y el sitio sagrado Tascushcalco; Valle El Ángel, son impactos ambientales por urbanizaciones no planificadas, ilegales e ilegítimas, y lo poco que había para regularlas fueron eliminadas. Y sumamente, importante, la Sala de lo Constitucional, que ha sido impuesta, exige que haya una ley para regular concesiones con fines industriales, pese a que hay una discusión sobre la ley del agua en el legislativo, sin colocar la dimensión ambiental a la discusión y eso preocupa por la población vulnerable”, puntualizó González.
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