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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La resolución de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador de declararse “incompetente” para conocer el caso del magistrado Jaime Eduardo Escalante Díaz, acusado de presunta agresión sexual en menor incapaz al considerar de se trata de una “falta” y no de un delito, continúa generando reacciones en la sociedad civil y la clase política salvadoreña.
El presidente de la República Nayib Bukele solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue lo actuado por los funcionarios judiciales de la Cámara, y adelantó que con base a tales investigaciones analizarán la posibilidad de presentar iniciativas de ley para mejorar el marco jurídico de protección de la niñez y la adolescencia.
La filial del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el país, llamó a las autoridades salvadoreñas a dar cumplimiento a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) y la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Todas las formas de violencia que viven las niñas y niños, independientemente de la naturaleza o gravedad del acto, son perjudiciales para su desarrollo integral y es una violación a sus derechos más fundamentales”, manifestó el organismo en un comunicado.
Bukele advirtió que desde el Gobierno, a través de sus organismos buscarán que el caso no quede en la impunidad y adelantó que solicitarán el pronunciamiento de entidades internacionales que velan por la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. El pasado viernes el mandatario pidió a la Fiscalía General de la República y a la CSJ que el juicio contra el magistrado fuera repetido.
El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) exhortó en un comunicado a hacer valer lo establecido en las leyes nacionales y en los tratados internacionales que El Salvador ha suscrito en materia de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson publicó en su cuenta de Twitter: “Todos los sectores de la sociedad debemos velar por el bienestar de la niñez. Entendemos la indignación en la sociedad salvadoreña y nos unimos a la petición contra la impunidad de estos hechos”.
Miembros del gabinete de gobierno como los ministros Pablo Anliker, Mario Durán y Michelle Sol externaron también su indignación ante la resolución de la Cámara Primera de lo Penal sobre el caso del magistrado Escalante Díaz.
De acuerdo al parte fiscal, los hechos sucedieron el 18 de febrero de este año en la Residencial Altavista II, del municipio de Tonacatepeque. La madre de la menor denunció que la niña de diez años se encontraba jugando cuando fue tocada en sus genitales por el funcionario judicial, quien habría huido del lugar.
Los magistrados Marta Lidia Peraza, Guillermo Domínguez y Martín Rogel decidieron el 31 de octubre pasado tipificar los hechos como una “falta” y no como un delito, con lo cual la Cámara de lo Penal trasladó el caso a un Juzgado de Paz y Escalante Díaz sería sancionado de diez a treinta días multa en caso de ser declarado culpable de la falta.
El fiscal general de la República Raúl Melara aseveró, que la FGR apelará la decisión de la Cámara que catalogó los hechos como “actos contrarios a las buenas costumbres y al decoro público”.
