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@arpassv
Es una buena señal que las medidas extraordinarias contra la delincuencia impulsadas por el Ejecutivo hayan tenido el respaldo de todos los grupos parlamentarios, store incluido el principal opositor ARENA.
El partido oligárquico, que ha saboteado algunas políticas gubernamentales de seguridad y hasta negoció con cabecillas pandilleriles para intentar revertir el resulto de las elecciones presidenciales de 2014, se sumó la semana pasada al consenso legislativo sobre las medidas orientadas a recuperar el control de los centros penales y a combatir más efectivamente los grupos criminales.
Lo anterior, sin embargo, no es motivo para que las vínculos y negociaciones de ARENA con las pandillas queden impunes. La Fiscalía debe investigar a los diputados Ernesto Muyshondt y Norman Quijano, al alcalde Salvador Ruano y demás funcionarios o dirigentes areneros involucrados en esa trama vergonzosa.
Pero volviendo al consenso parlamentario y la colaboración de la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo en la aprobación las medidas excepcionales de seguridad, es necesario señalar la negativa de la Corte Suprema de Justicia, especialmente de la Sala de lo Constitucional.
En este sentido, es pertinente el llamado que el pecenista Antonio Almendáriz y otros diputados hacen al Poder Judicial. Los legisladores piden a la Corte que se incorpore a la unida estatal contra la delincuencia y a la Sala Constitucional que no boicotee el financiamiento para la seguridad y desbloquee los 900 millones de dólares en bonos.
Los 100 millones que urge el Ejecutivo para implementar las medidas extraordinarias se tendrían si los magistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Berlamino Jaime y Sidney Blanco dejan su mezquindad política de sabotear los ingresos del gobierno y descongelan la emisión de los bonos.
El llamado a la Corte también debe ser a depurar el sistema judicial para reducir la impunidad.
Por otro lado, ojalá que el gobierno aproveche el aval social y los respaldos políticos para impulsar medidas como el desarme, combatir la evasión y elusión tributaria para obtener fondos que financien el Plan “El Salvador Seguro”, mejorar la inteligencia policial y actuar contra las empresas telefónicas que saboteen los planes de seguridad.
La situación de violencia criminal requiere la actuación decida de todas las instancias estatales y la unidad de los diversos sectores nacionales. La seguridad pública debe estar siempre por encima de los intereses políticos de los partidos y del afán lucrativo de las empresas.
