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“El único objetivo con estas falsas acusaciones es intimidar a las comunidades, para que no se organicen y no luchen por sus derechos legítimamente”
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), junto a habitación de Hacienda La Floresta, San Juan Opico, La Libertad, presentaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) una denuncia formal por vulneración de Derechos Humanos, y las capturas arbitrarias de los líderes de la comunidad Medardo Arnoldo Rodríguez y Alejandra Cañas.
Ambos líderes fueron capturados con engaños y de forma arbitraria el pasado 9 de febrero por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras en la Hacienda La Floresta, llevaban a cabo una remedición de terrenos, ya que las 140 familias de la zona tienen años luchando por legalizar el lugar donde viven.
Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa
de comercializar ilegalmente lotificaciones o parcelas, a personas de escasos recursos por cantidades de $100 y $200, además, afirmó que mientras estaban reunidos con 70 personas más, los imputados tenían en su posesión armas blancas, y cuando observaron la presencia de las autoridades iniciaron los ataques, por lo que también se les atribuye el delito de resistencia agresiva.
La FGR pidió al Juzgado de Paz de San Juan Opico, que ambas personas se mantengan en detención provisional y el caso pase a la etapa de instrucción.
Sonia Urrutia, dirigente del BRP, dijo que a la FGR no le bastó capturar arbitrariamente a los dos líderes comunitarios, sino también hay un requerimiento donde los acusa de vender lotes por $200, lo cual, demuestra que ejercer el trabajo de organización y representar a las comunidades en de alto riesgo.
“En El Salvador si nos organizamos se nos está capturando, con el riesgo de ir a morir a las cárceles, solicitamos la pronta intervención de la PDDH debido a estas capturas arbitrarias, ya que la fiscalía está fabricando casos y detener a los líderes, cuando ellos solo hacen uso del derecho a organizarse en las comunidades”, enfatizó.
María Margarita Flamenco, residente de Hacienda La Floresta, dijo que ella fue una de las personas que subió a la patrulla el pasado 9 de febrero, cuando la PNC capturó a los dos líderes comunitarios, porque los agentes les dijeron que quería hablar con ellos, por lo cual, son totalmente falsas las acusaciones de la fiscalía.
“Nadie estaba con corvos, como dice la fiscalía que se maltrató y agredió a los agentes, eso es totalmente falso”, dijo.
“Exigimos la libertad de los dos compañeros porque allí no se están vendiendo lotes, solamente se está recuperando los terrenos pues anteriormente llegaron a botar las casas y destruir las propiedades”, sostuvo Flamenco.
A criterio de los habitantes de Hacienda La Floresta, personas desconocidas han llegado a la comunidad diciendo que son los propietarios y tratando de usurparles las tierras, sin embargo, nunca presentaron documentos de respaldo y destruyeron las viviendas, al momento de la captura de los líderes estaban en tareas de medición, para poder legalizar las propiedades.
Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC, denunció que una vez más las instituciones se prestan al servicio de los grandes empresarios y del gobierno de Nayib Bukele.
Las declaraciones de la fiscalía son totalmente falsas lo único que están haciendo es justificar las detenciones arbitrarias de los líderes Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas.
“Están haciendo una criminalización a los líderes de La Floresta, ellos actualmente junto con muchas familias de la comunidad, están en procesos judiciales con UNIDEHC para obtener su título de propiedad, lo que se estaba haciendo el 9 de febrero en la comunidad era una medición como parte de esos procesos judiciales”, reiteró la abogada.
La abogada detalló que los líderes no eran los encargados directamente de la medición de los terrenos, sino un equipo técnico, al ser personas de escasos recursos habían estado reuniendo dinero para el pago a los profesionales, en ningún momento se han cometido algún tipo de hecho o acto ilícito como la venta de terrenos, reiteró.
Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas semanas atrás fueron electos por la comunidad como miembros de la junta directiva, para organizarse e iniciar el trámite de legalizar sus propiedades.
La FGR presentó un requerimiento fiscal con hechos falsos e imputando delitos a los líderes comunitarios, a pesar de que hace unas semanas el equipo técnico de UNIDEHC interpuso un aviso penal donde se ofrecieron pruebas que las acciones del día de la captura eran diligencias legales y administrativas, se explicó a los agentes policiales el procedimiento y que estaba dentro de la ley.
A pesar de ello, la PNC pidió a los líderes comunitarios les acompañaran a la delegación, pues iban a hablar con el «fiscal del caso», cosa que nunca ocurrió, pues fueron detenidos de manera arbitraria y ahora son acusados de delitos infundados como venta de inmuebles y resistencia.
