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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Abogados de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) presentaron un escrito en el Tribunal Primero Contra Crimen Organizado, por la falta de cumplimiento de órdenes judiciales de las citas médicas programadas a José Santos Melara, conocido como “Pepe”, pues, al desobedecer el centro penal amenaza el derecho a la vida del prisionero.
“Externamos nuestra preocupación ante las negligencias de no cumplir con el derecho a la salud de Santos Melara, seguimos firme que debe existir un cambio en la medida sustitutiva a la detención, como el arresto domiciliar”, expresó UNIDEHC.
Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC, explicó que el 26 de julio existí una orden para el traslado de Melara a una cita médica con un especialista, el cual no se cumplió por parte del Penal de Occidente, en Santa Ana.
Cruz dijo que al coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz tiene enfermedades crónicas y no se le está dando la dosis adecuada de insulina para la diabetes, las úlceras en ambos pies y los problemas frecuentes de salud, hasta la fecha no se han llevado a cabo de forma integral, después de 3 meses en prisión.
“Hacemos un llamado para que se cumpla esa orden y esperamos también la respuesta del recurso de apelación, donde lo ideal en este proceso tiene que ser el arresto domiciliar. Se le está violentando el derecho a la salud, pero también se ve amenazado su derecho en la vida”, recalcó Cruz.
Melara padece de diabetes, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia y sinusitis crónica, enfermedades que se han complicado desde su captura, el 31 de mayo de 2024, acusado, junto a otros excombatientes y veteranos de guerra, por presuntamente planificar atentados terroristas en la inconstitucional toma de posesión del 1 de junio.
Un reporte del Instituto de Medicina Legal (IML) detalla que debido a las úlceras en ambos pies y el síndrome de intestino irritable que padece, necesita ser tratado de manera ambulatoria en un hospital.
Organizaciones, colectivos y movimientos defensores de derechos humanos han exigido que Santos Melara, así como los demás dirigentes de Alianza Nacional, deben ser excarcelados inmediatamente, recibir la atención médica y que la Fiscalía General de la República (FGR) retire la acusación contra ellos.
Para las organizaciones, dichas capturas buscan silenciar la crítica ciudadana contra las violaciones a derechos humanos, el desmantelamiento de la democracia y la consolidación del régimen dictatorial.
