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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El equipo de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), 17 avisos penales en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, por 25 casos de capturas arbitrarias durante el Régimen de Excepción.
Rudy Joya, abogado y vocero de UNIDEHC, explicó que solicitan al fiscal general de la República investigue a los agentes policiales y soldados de la Fuerza Armada quienes, por medio de acoso, intimidación, violencia y sólo para hacer números en las estadísticas capturaron de manera arbitraria a estas personas.
“No es posible que hasta haya falsedad en las actas policiales, en los juzgados nos hemos dado cuenta que el policía pone que lo capturaron en otro lugar, cuando lo han ido a sacar de la casa, pero maquillan las actas policiales para que los fiscales y los jueces les crean, que fueron capturados en un parque, en una cancha, reunidos con otras personas, cuando los han ido a sacar de sus trabajos o casas, y lo que han puesto en esas actas policiales es falso”, sostuvo.
Joya dijo que han presentado todas las pruebas, nombres, apellidos e incluso ONI de los agentes policiales para que la Fiscalía investigue de oficio a esos agentes policiales que llevaron a cabo capturas arbitrarias durante el Régimen de Excepción en los años 2022 y 2023, ya que esas personas no pertenecen a ninguna pandilla y tienen limpio los antecedentes penales.
“El aviso penal es puntual por los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes en contra de agentes policiales y soldados de la Fuerza Armada que realizaron diferentes capturas arbitrarias, también estamos poniendo a los representantes legales de ambas instituciones, el ministro Merino Monroy de parte de la Fuerza Armada y al que esté en funciones como director actualmente de la PNC”, indicó.
Mientras tanto, la abogada de UNIDEHC, Ivania Cruz, manifestó que hace poco el presidente Bukele durante un discurso en Costa Rica, aceptó la captura de 8,000 personas inocentes, sin embargo, en ningún momento se dignó a pedirle una disculpa a estas familias por haberles dañado la vida, recaído en pobreza, y ser tildadas de pandilleros.
“Los familiares están dando la cara porque obviamente no son personas que tengan antecedentes penales, son personas solo para llenar una cuota, también esto es parte de la respuesta que le damos al comisionado presidencial cuando dice que no hay documentado tal situación y solamente se hace el hecho en una denuncia pública”, externó Cruz.
