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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El equipo de abogados de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), junto a las víctimas comerciantes de la Costa del Sol, presentaron a la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso en contra de la jueza Ambiental, Nidia Oneida Cáceres de Jiménez, por los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
Rudy Joya, abogado de UNIDEHC, explicó que los actos arbitrarios comienzan desde el proceso ambiental y no notificarles a las comerciantes que estaban siendo denunciadas por supuesta contaminación ambiental, y luego emiten un desalojo totalmente arbitrario, porque la jueza de Medio Ambiente no siguió el debido proceso.
“A los comerciantes, si no cumple con las medidas que ella ha impuesto los manda a la fiscalía con oficio, para que los investigue por incumplimiento o desobediencia judicial, pero qué pasa con el alcalde, por qué la orden dada por ella de reubicar a las personas y se quitaran de esa zona por supuesta contaminación, el alcalde no la ha cumplido, y no vemos que la jueza lo mande a la fiscalía por desobediencia judicial”, detalló Joya.
El abogado indicó que desde julio del año pasado los afectados presentaron un aviso penal a la FGR, a fin de incorporar al caso otros delitos como el de daños y actos arbitrarios, de lo cual, hasta el momento no han tenido respuesta por parte de la fiscalía para indemnizar a las víctimas, y resarcir los daños que aproximadamente tuvieron 20 vendedores, cuando la alcaldía quemó las ramadas y productos que comercializaban.
Hace unas semanas en el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca; La Paz, se llevó a cabo la vista pública del caso, pero los comerciantes no han tenido resultados, pues hasta la fecha no han sido resarcidos en los daños.
Aparte del aviso penal contra la jueza, Joya presentó un escrito como apoderado y abogado de las víctimas, al fiscal general de la República, para consultarle qué pasó en esa audiencia y con el proceso, a fin de investigar por qué no incorporaron los delitos que los comerciantes denunciaron desde el año pasado.
