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Gloria Silvia Orellana
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Rudy Joya, abogado de UNIDEHC , junto a miembros del Bloque de Resistencia Popular (BRP), presentó ante la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) “avisos penales” por supuestos actos de corrupción cometidos por abogados de dicha institución.
“Ahora vamos a materializar el caso número 8, ahora le tocó a la Procuraduría General de la República, y como UNIDEHC tenemos registrado más de 50 casos sobre defensores públicos que pertenecen a la Procuraduría General de la República, que han realizado actos de corrupción”, afirmó Joya.
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos Y Comunitarios de EL Salvador (UNIDEHC) y el BRP pidieron una investigación exhaustiva sobre este grupo de abogados que trabajan como “defensores públicos” por estar cometiendo “actos de corrupción contra sus usuarios”.
La UNIDEHC es una organización que vela en la protección de los derechos humanos y ofrece apoyo jurídico social y comunitario a todas aquellas personas o comunidades cuyos derechos se ven vulnerados.
“Son defensores públicos que pertenecen a la Procuraduría General de la República, y que han realizado estos actos de corrupción en diferentes unidades. Tenemos 50 casos documentados de personas o víctimas, y los tenemos documentados”, agregó.
“Le hacemos un llamado al procurador general, René Escobar Álvarez, para abrir una mesa de diálogo e investigación, y que también se nos dé apertura y audiencia para que cada uno de estos casos que tiene UNIDEHC pueda ser investigado de manera interna por parte de la Procuraduría”, indicó Joya.
Asimismo, recalcó que el Ministerio Público del país está conformado por tres instituciones: Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por lo que esperan una respuesta contundente ante este tipo de vulneración de los derechos de los y las usuarias.
“Cobrar por los servicios, malos tratos y negligencia son algunos de los factores de corrupción de los defensores de la Procuraduría General de la República”, acotó.
“A las familias no las atienden, no les informan de sus familiares detenidos, y cuando vienen aquí sólo reciben malos tratos de parte de algunos abogados y defensores públicos. Hay personas que han dicho que les han entregado pruebas y arraigos a estos abogados de la PGR y los han roto”, denunció Joya.
Mientras, Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC, reiteró que la mayoría de víctimas de los defensores públicos “son mujeres”, y lamentó que se aprovechen de esa vulnerabilidad cuando lo que buscan estas personas es información y justicia para sus familiares.
“Tenemos en nuestros informes y estadísticas que son mujeres en la mayoría de los casos, cuando hubo una captura arbitraria son ellas, las que hacen todas las diligencias legales de esta situación”, agregó.
Cruz también denunicó el “comportamientos misóginos y machistas de estos defensores públicos”.
“Algunos les han dicho a las mujeres: Le voy a regalar una foto porque creó que está enamorada de mí, que a cada rato me viene a buscar. Esos son comentarios muy fuertes, fuera de lugar a personas que son de escasos recursos que al ver su situación, dan un tipo de discriminación por su clase social, por ser mujeres se aprovechan de su situación”, denunció Cruz.
