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Redacción Nacionales
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El congresista estadounidense Jim McGovern, viajó a El Salvador el pasado 16 de noviembre para participar en la conmemoración del 35 asesinato de los jesuitas y dos colaboradoras, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) recopiló información sobre el cumplimiento de los derechos humanos y la democracia en el país.
Según el informe de WOLA, al menos una de cada diez personas privadas de libertad bajo el Régimen de Excepción son inocentes, datos de las autoridades de 80 mil capturados 8 mil personas han quedado en libertad, lo cual supone que por lo menos 10% son inocentes. La puesta en libertad de estas personas es difícil de corroborar ya que la falta de transparencia, datos confiables y acceso a la información es un problema grave.
En redes sociales, la población denunció el caso de un grupo de 12 jóvenes quienes obtuvieron su carta de libertad de la Granja Penal para Menores Ilobasco, fueron sacados en patrulla y dijeron que los llevarían a la delegación, pero después los recapturaron ahora por agrupaciones ilícitas como mayores de edad.
“Ellos ya habían cumplido la condena que el juez les había asignado y no es justo volverlos a capturar, porque ya pagaron su condena y están violando sus derechos; ahora lo que están pidiendo es la partida de nacimiento para sacarles el DUI en Cojutepeque, pero los jóvenes son de otro departamento”, detalló la denunciante.
WOLA enfatizó que las fuerzas de seguridad del estado, la fiscalía y el poder judicial actúan sin ningún control ni contrapeso, operando bajo un manto de total confidencialidad, el reconocimiento público del presidente Bukele debería ser objeto de responsabilidad estatal internacional, incluyendo crímenes bajo el derecho penal internacional, ya que hay una aceptación expresa de violaciones a los derechos humanos, al acceso a la justicia, y al debido proceso.
Asimismo, el informe reveló que la prensa independiente y sociedad civil están bajo acoso, persiste un clima adverso que dificulta a periodistas, activistas sociales y líderes de sociedad civil ejercer su labor de veeduría y fiscalización. Detenciones como la del periodista Víctor Barahona en 2023, genera temor y demuestran que el Régimen de Excepción no se diseñó únicamente para perseguir y desarticular a las maras y pandillas sino también como un instrumento de represión a las voces críticas.
Cristosal reporta al menos 24 personas activistas han sido detenidas, mientras que, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha registrado 136 ataques a periodistas desde marzo a agosto de este año. Las organizaciones con las que WOLA tuvo oportunidad de conversar durante su visita condenaron la censura, el cierre de espacio cívico y la persecución de la que son objeto.
Muchas personas han manifestado ser víctimas de acoso digital lo que ha provocado autocensura y zozobra. El pasado 4 de diciembre, la vivienda de la periodista Mónica Rodríguez fue allanada por la Policía Nacional Civil (PNC), de donde extrajeron computadoras, memorias USB, discos duros y tarjetas de crédito, las autoridades se limitaron a decir que el caso tenía total reserva y no dieron detalles.
“WOLA nota un temor generalizado de que el espacio cívico se siga reduciendo gradualmente y evolucione hacia un régimen autoritario como el de Nicaragua, donde una pareja controla los tres poderes del estado que criminaliza a las voces críticas, para quienes la única opción es el exilio o el encarcelamiento”, señala el informe.
