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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) denunció que a pocas horas de la segunda marcha blanca, fue despedido bajo la figura de supresión de plaza, Erick Alexander Zelaya Ramos, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de CONAMYPE (SITCO) y secretario de Educación y Cultura de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), que aglutina 40 sindicatos principalmente del sector público. Este despido se suma a los cientos de destituciones de directivos sindicales en el gobierno de Nayib Bukele, cuyo objetivo represor es desmoralizar a la clase trabajadora organizada y a sectores populares en resistencia a sus políticas, que no se revelen las consecuencias del ajuste fiscal, y siguiendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta medida dejará a más de 11 mil personas trabajadoras del sector público sin empleo, además recortará los beneficios de la clase trabajadora estatal el escalafón de Salud y Educación, contratos colectivos, así como fuertes recortes en todas las carteras de Estado, lo que derivará en precarización de los servicios públicos para la población y recesión económica, que resultará más nociva para las mujeres de la clase trabajadora y sectores populares. Además de Zelaya, fueron despedidas 12 trabajadoras de CONAMYPE y se anunció el cierre de tres Centros de Atención para la Micro y Pequeña Empresa, en Zacatecoluca, La Libertad y La Unión, que se suman a la de Cojutepeque, cuatro polos de desarrollo económico importante.
Entre las plazas suprimidas se encuentra la de José Ángel Flores Granados, secretario general de SITCO, secretario de Medioambiente de la UNT y reconocido líder de los derechos de la naturaleza y los pueblos indígenas como coordinador del Movimiento Indígena para la Integración de la Lucha de los Pueblos Ancestrales (MILPA).
“Estas medidas de Paul Steiner, presidente de CONAMYPE son un acto contradictorio ante el discurso de toma de posesión de Bukele, quien informó que éste sería el período de la reactivación económica, por lo que se atenta contra los servicios que se prestan al importante sector de las MYPES, emprendedores y trabajadores por cuenta propia que son el 90% de las empresas en el país y garantizan el 70% del empleo en El Salvador, y aportan el 35% al PIB”, indicó la UNT.
A la vez, señaló que con estas acciones se busca callar a la clase trabajadora y reprimir a los defensores de derechos humanos, para continuar con la estrategia de eliminación de las conquistas del pueblo trabajador y no tener resistencia ante los futuros embates que se vienen.
