UNT pide auditoría de la deuda pública y renegociación

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante el impacto del ajuste fiscal impulsado por el gobierno, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) pidió una auditoría de la deuda pública la cual determine en qué se ha utilizado ese dinero, y si las condiciones han sido las más justas buscar nuevos acreedores. El gobierno de Bukele se ha endeudado en más de diez mil millones de dólares en los primeros cinco año de gobierno.

Los representantes de la UNT consideraron importante renegociar la deuda con los acreedores, es decir, las instituciones financieras internacionales, banca multilateral e inversionistas privados.

Asimismo, consideraron que se debe aprobar el impuesto predial para los grandes terratenientes y el impuesto al patrimonio a los grandes capitales, que son quienes se han enriquecido a costa de los trabajadores.

“Antes de que los costos de la crisis fiscal sigan recayendo sobre los hombros de la clase trabajadora, debe ser pagada por quienes la han generado y se han beneficiado, como son personas, familias con grandes propiedades, la gran empresa y funcionarios de alto nivel en las instituciones, que con sus privilegios son la verdadera grasa del estado”, enfatizaron.

La UNT señaló que el presupuesto 2025 contempla  11 mil despidos, la eliminación de los escalafones de Salud y Educación, y la reducción de servicios a la población, entre los cuales está la significativa reducción para el ISDEMU, servicios que son para las mujeres, mayoría de la población salvadoreña.

Estos despidos dejarán a miles de personas sin empleo, sin seguridad social, y sin perspectiva de futuro a corto plazo, por ello, en lugar de despidos se debe ampliar los servicios a la población, mejorando las condiciones de la clase trabajadora estatal.

Además, no seguir las medidas planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un ajuste del 3.5%, lo que significa reducir la reducción de puestos de trabajo en el gobierno y eliminación de beneficios extra, como los contratos colectivos, bonificaciones y otras prestaciones.

“Desde el punto de vista fiscal, se ha llegado a un acuerdo preliminar para mejorar el balance primario en torno al 3,5% del PIB en un periodo de tres años, con el fin de situar la deuda pública en una senda sostenible. Se espera que la consolidación se logre a través de un conjunto equilibrado de medidas, centrándose inicialmente en la racionalización de la masa salarial pública”, dice la declaración del personal del FMI sobre El Salvador, el pasado 6 de agosto.

Muchas de estas medidas ya están en marcha desde hace un tiempo, como la reducción de alcaldías y en consecuencia cientos de despidos en el sector municipal, modificación de cálculo de subsidios y focalización, cierre de instituciones públicas y fusiones de otras, se están implementando nuevas tasas municipales y elevando las ya existentes, y se prevé el incremento al IVA.

El plan de ajuste ya está en marcha como parte de las negociaciones con el FMI, ya que el gobierno de El Salvador está en busca de cerrar un acuerdo, a sabiendas que enfrenta una seria crisis fiscal, agudizado por el alto endeudamiento que él mismo ha incrementado en los últimos años.