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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) presentó ante el Tribunal del Servicio Civil un recurso de apelación, para la nulidad del despido de 12 dirigentes sindicales de CONAMYPE, ISDEMU y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Sonia Viñerta, dirigente de la UNT, señaló que el gobierno junto a los titulares de las instituciones públicas ha decidido sacrificar a la clase trabajadora colocando sobre sus hombros la salida a la crisis fiscal, aprobando un presupuesto de austeridad del cual ya se manifiesta su impacto en los servicios públicos de salud, educación, judicial y hacia las mujeres salvadoreñas.
“Los sindicatos son un instrumento privilegiado de los trabajadores para armonizar las relaciones entre empleadores y trabajadores, pero parece que este gobierno está tratando de aplastar a la clase trabajadora y no permitir instancias en las que puedan reclamar sus derechos”, sostuvo.
Denunció el despido de aproximadamente 20 mil trabajadores quienes han perdido su calidad de vida, y el retroceso en el goce y ejercicio de sus derechos sociales, con grave efecto para las mujeres trabajadoras, sin ninguna política restitutiva de Estado por los daños ocasionados.
Hay una violación en cuanto a los despidos, pues se les aplicó el fundamento de la nulidad de plazas con la ley de salarios del 2025, una ley que todavía no estaba vigente y por tanto, esos despidos son ilegales y arbitrarios.
Erick Zelaya, secretario general de la Federación UNT, dijo que en el último año han sido despedidos 450 dirigentes sindicales, por lo tanto, continuarán las acciones para denunciar este atropello a los derechos de la clase trabajadora.
“Lanzamos una campaña permanente por la libertad sindical, el próximo mes de febrero nos acercaremos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y estamos planeando visitar la sede de la ONU en Ginebra, para presentar estas demandas, no vamos a descansar hasta que nos revoquen nuestros derechos porque nos resistimos a vivir en una dictadura”, enfatizó.
La UNT consideró alarmante el grave incumplimiento a la libertad sindical, expresada en despidos de representantes de la clase trabajadora, sin respeto a su garantía constitucional del fuero sindical con la intención de dejarla desprotegida, sometida y subordinada para que no reclamen derechos ni mejora de sus condiciones laborales.
También reiteró que en el sector educación y salud, los trabajadores están siendo acosados, perseguidos y reprimidos, los funcionarios públicos desprotegen a miles de personas que pertenecen a grupos en condición de mayor vulnerabilidad, como las mujeres trabajadoras, personas con discapacidad, población LGTBI, adultos mayores, entre otras categorías, a quienes las normativas les mandata su protección.
