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El ministro de Hacienda y el secretario técnico de la Presidencia, Carlos Cáceres y Roberto Lorenzana, respectivamente, presentaron el lunes por la tarde, en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, un análisis comparativo entre la reforma del Sistema de Pensiones presentada por los partidos de derecha y la gubernamental.
En este periódico hemos tocado este tema en varias ocasiones, pero es menester seguir tocando el tema, pues es un problema serio y de nación, y que hay que darle respuesta ya, pues, de lo contrario podría el país entrar en una crisis superior a la que se originó con el impago de abril, siempre en el tema de pensiones.
El debate sobre el fracasado sistema de pensiones privatizado ha dejado importantes lecciones para todos, incluso, para el mismo sector privado, que había venido defendido el modelo a capa y espada, ignorando las falacias y los graves perjuicios causados por el modelo.
A estas alturas, el sector privado, en voz baja acepta que el SISTEMA DE AHORRO INDIVIDUAL, que es la esencia del modelo o sistema privatizado de pensiones, no le dura a un jubilado más que diez años, y si en ese periodo este no ha muerto, tiene que ampararse en el Estado para que este le dé la pensión mínima que ronda los $220 mensuales. Con el agravante que el Gobierno no recibe ni un cinco en concepto de cotizaciones para cumplir esta obligación constitucional.
De igual forma, el sector privado ha aceptado, a regañadientes, que al jubilarse con las AFP, la pensión no supera el 40% del salario, y nunca le dijeron al pensionado que así sería. Uno de los representantes de las AFP, incluso sugirió a la mujeres que estaban a punto de jubilarse este año que no lo hicieran porque su pensión no superaría el 35% de su salario nominal.
Está claro pues, que el modelo privatizado no ha sido nada rentable para los trabajadores, y no porque el Gobierno no pague más intereses por lo que presta al fondo para pagar pensiones, sino porque ese modelo fue creado en El Salvador para que un pequeño grupo de empresarios hicieran el negocio del siglo (robo, si utilizamos el lenguaje de la derecha) sin contemplar el más mínimo riesgo.
Es decir, anualmente los dueños de las AFP sí obtienen jugosas ganancias, mientras que los jubilados no tienen, no solo una pensión digna, sino que tampoco tienen esperanza de tener una pensión vitalicia.
La derecha legislativa debería aceptar la propuesta del Ejecutivo, que enmienda los problemas ocasionados por el modelo privatizado y le permite a las AFP continuar administrando los fondos de pensiones, y con ello, garantizan obtener utilidades cada año fiscal, que es el principal interés de la ANEP, FUSADES, ARENA, PCN, GANA y PDC.
