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Samuel Amaya
@DiarioCoLatino
“El domingo 8 de mayo a eso de las 5 de la tarde me lo llegaron a traer de la casa, él estaba aseando su cuarto, estábamos toda la familia y llegaron los policías diciendo que iban a Casa Segura, le pidieron su DUI y su teléfono, le preguntaron sobre qué trabajaba, él le enseñó el carnet de trabajo de la Alcaldía de San Salvador, pero no le tomaron mucha importancia, lo sacaron de la casa y lo siguieron interrogando, luego uno de los agentes le dijo a otro -tráeme las esposas que vamos a agarrar a este sujeto-”, es el relato de Patricia Elena López de Aguirre, madre de Giovanny Antonio Aguirre López, un joven que fue capturado en el contexto de régimen de excepción sin darle explicaciones.
Giovanni Antonio Aguirre López, de 32 años, fue arrestado por las fuerzas de seguridad, sin decirle el motivo de su detención, el empleado de la comuna es el principal sustento del hogar, ahora, su familia dice sentirse preocupada porque deberá contratar a un abogado para intentar que salga libre, ya que es inocente, asegura su madre, quien llegó este viernes a la PDDH a exponer el caso; entre tanto, el Gobierno tilda a todos los capturados como miembros activos de estructuras terroristas.
La madre de Giovanni instó al Gobierno a que dejara en libertad a su hijo, así también a que haga conciencia, ya que diariamente se están capturando a jóvenes que son el sostén del hogar. La tía de Giovanni Aguirre mostró ante las cámaras unos documentos que confirmaban que el joven era parte de la junta directiva de uno de los sindicatos de la alcaldía de San Salvador y mostró una constancia de que es empleado de la comuna desde 2016. “Él es un trabajador como muchos”, destacó Lilian del Carmen López.
El caso de la familia López Aguirre fue uno de los que presentó el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), donde pidieron que el titular de esta institución, José Apolonio Tobar, acuda a los centros penales a verificar la situación en la que se encuentran sus familiares detenidos y el resto de capturados a raíz del régimen de excepción.
Ivannia Cruz, representante de COFAPPES, afirmó que la PDDH ya conoce de los presos políticos que tienen enfermedades crónicas y con el actual régimen de excepción la situación se agrava. Hasta la fecha el estado de salud sigue deteriorándose dentro de las cárceles, como el caso de Violeta Menjívar.
Entre los ex funcionarios detenidos se encuentran Calixto Mejía, ex ministro de Trabajo, Carlos Cáceres, ex ministro de Hacienda, y en cárcel de mujeres, se encuentran Violeta Menjívar, ex ministra de Salud y Erlinda Hándal, ex vice ministra de Ciencia y Tecnología. A las personas antes mencionadas, se les acusa de presunto lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2014. estas capturas se efectuaron el año pasado.
“En este régimen de excepción la situación en los centros penales ha empeorado, no sabemos de nuestros familiares, no sabemos en qué situación se encuentran actualmente porque no podemos visitarla y con el régimen de excepción tampoco pueden los defensores públicos”, destacó Cruz.
Algunos presos que tenían revisiones médicas las han perdido, ya que no autorizan que salgan de los centros penitenciarios.
Además, informaron que los presos políticos se han aumentado significativamente, pues ronda los 40, entre ellos el joven Giovanny Antonio Aguirre López, quien trabajaba en la alcaldía de San Salvador y es sindicalista. El joven fue capturado el 8 de mayo y actualmente se encuentra detenido en el centro penal de Izalco.
Según manifestaron, el Gobierno se aprovecha del actual régimen de excepción para detener a personas que son inocentes, “como comité no estamos defendiendo criminales, estamos denunciado sobre las personas inocentes y líderes comunitarios que están siendo capturados”.
Por lo que, instaron a la PDDH a que tome acciones y visite los centros penales a fin de inspeccionar la situación dentro de las cárceles, donde incluso, ha habido muertes de otros capturados durante el régimen de excepción que, según familiares, no tenían vínculos con pandillas.
Hasta el momento se han contabilizado al menos 11 reos que han muerto en el contexto del régimen de excepción, para COFAPPES esta situación le preocupa, ya que a algunos jóvenes son detenidos arbitrariamente y algunos que ya salieron libres el Estado no les ha resarcido los daños causados, de hecho, ni una disculpa por parte del Estado se le brinda.
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