Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El Salvador no ha caído en la cuenta que somos agua-dependientes y en calidad de esta condición estamos sujetos a lo que suceda en Honduras o Guatemala. Y, con un proyecto extractivista como la mina Cerro Blanco, no se puede garantizar el derecho humano al agua”, explicó Carolina Amaya, del equipo de dirección de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
En el foro “Construyendo Resistencias frente a las Industrias Extractivas Mineras: Caso Cerro Blanco”, activistas y lideresas comunitarias de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y el Colectivo Madre Selva de Guatemala compartieron hallazgos del Estudio Ambiental Binacional de la Cuenca del Río Ostúa con enfoque de Género y Derechos Humanos”, presentado por la Unidad Ecológica Salvadoreña y el Colectivo Madre Selva de Guatemala.
Este es un tema trascendental en estos contextos de crisis ecológica y climática, así como el tema del extractivismo minero en la región. Por esto, es bueno generar conocimientos y compartirlos a fin de que nos den argumentos para reforzar nuestras resistencias en defensa de nuestros territorios, alegó.
“Sabemos que cualquier proyecto extractivista tendrá afectaciones en la cuenca del Lempa, luego en la vida de los pueblos y al desarrollo a quienes lo ven desde esa lógica, pero no olvidemos que esta condición de dependencia también nos llevó a una Ley de Prohibición de la Minería Metálica (2017) en El Salvador”, sostuvo Amaya.
De acuerdo con el Estudio Ambiental Binacional, abrir las operaciones en Cerro Blanco, implica la contaminación del río Ostúa, una de las 38 cuencas hidrográficas que drenan dentro de territorio guatemalteco.
También afectará la subcuenca de la parte alta del extremo Nor Occidnetal del río Lempa, lugar que forma parte del “Área de Conservación Trifinio”, a sólo 17 kilómetros del distrito de Metapán, Santa Ana.
Claudia Méndez, presidenta del Colectivo Madre Selva de Guatemala, expresó que “las pruebas a la calidad del agua se pudo comprobar que la contaminación está presente”, así lo reflejan los datos del laboratorio de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de la Universidad San Carlos (Guatemala).
“Actualmente, la licencia de explotación minera de Cerro Blanco ha sido detenida por un proceso de investigación, pero, esperamos que las autoridades que nuestro gobierno se mantengan en la decisión que tomó la población de Asunción Mita en su Consulta Municipal de Vecinos, que fue no a la minería y a Cerro Blanco”, reiteró Méndez.
En cuanto al Lago de Güija, el estudio estableció que su nivel de agua está sujeto a fluctuaciones estacionales. Con una superficie de 42 kilómetros cuadrados en su totalidad, 32.2 km2 pertenecen a El Salvador, que es considerado un importante humedal o complejo lagunar, que fue declarado Sitio Ramsar en 2010, y por ahora se encuentra amenazado por la industria minera en Guatemala.
“Consideramos que con este estudio que vamos a presentar a otras organizaciones ambientalistas salvadoreñas, comprenderán que esto se trata de defender el derecho humano al agua, fundamental para todas las poblaciones en donde quiera que estemos y los ecosistemas”, señaló.
“Vamos a visibilizar también los efectos de la contaminación que potencialmente se deriva de las actividades mineras, pero también de las actividades de la agroindustrias y otras actividades humanas. Y trabajaremos en iniciativas para ambos países, en la restauración y rescate de la cuenca del río Ostúa y el Lempa”, reiteró Méndez.
Impactos del extractivismo en bienes naturales
“Al realizar una serie de entrevistas con mujeres de las comunidades, nos hablaron de la difícil situación que implica la falta de acceso de agua potable, siendo las mayormente afectadas”, explicó Andrea Carrillo, de la red de activistas del Colectivo Madre Selva.
“Esta búsqueda de agua y acarreo puede implicar jornadas triples de trabajo porque las mujeres son quienes se encargan de las tareas de cuidado de sus familias y de las comunidades”, alegó Carrillo.
El 58% de la Cuenca del río Ostúa se encuentra en una zona con déficit de humedad, por lo que consideró era “urgente” restaurar y preservar las áreas estratégicas para la captación y retención del agua dentro de la cuenca.
“Cuando el agua escasea, significa que hay largas jornadas de búsqueda para encontrar nuevas fuentes de agua y lograr abastecer a las familias; entonces, como organizaciones ambientalistas que llevamos años demandando y haciendo eco de esta situación sobre el agua de los ríos y cuencas, creo que concreta nuestra lucha”, dijo Carrillo.
El estudio señala que el 59% de la cuenca es utilizada para actividades agrícolas, pecuarias, industriales, agroindustriales, habitacionales y el extractivismo minero, que tienen un fuerte impacto en la calidad y cantidad de agua en la cuenca.
“Si los Estados no toman medidas urgentes en favor de la protección, conservación y defensa de los bienes naturales que constituyen la Cuenca del río Ostúa, los efectos negativos serán absorbidos en primer lugar por los habitantes del lago Güija y posterior, para quienes dependen del agua del río Lempa”, advirtió.
La UNES y el Colectivo Madre Selva reiteraron su llamado a ambos gobiernos a gestionar una “tratado de aguas transfronterizas” con el fin de restaurar y preservar la cuenca, y que la misma Ley General de Recursos Hídricos mandata al gobierno salvadoreño a buscar estos acuerdos binacionales a fin de garantizar el derecho humano al agua de los pueblos.
Escasez del agua en la región es una realidad
La abogada y consultora de la UNES en tema de derechos ambientales, Yanira Córtez, compartió que el presente año ha presentado “noticias alarmantes” , como la escasez de agua en la ciudad de Bogotá (Colombia), o las dificultades que están pasando varias ciudades de México, que están quedando sin agua y que como El Salvador ambos países son “aguadependientes”.
“Este estudio nos manda a volver la mirada hacia la realidad, que muchos no quieren verlo de frente, porque le han dado la espalda ni hablan de él, pese a que esto nos lleva a la profundización de las escasez de las aguas en el país”, acotó.
“Porque aquí, también tenemos comunidades ya sin agua, y cuando haya una profundización de esta escasez ¿qué significa?, pues graves violaciones a los derechos de la vida, la salud y el agua. Es decir, nuestros hijos e hijas la van a tener sumamente difícil en los próximos tiempos”, reseñó Cortez.
Sobre los 4 millones de personas que se verían afectados por la contaminación minera del río Lempa, Cortez agregó que el Estado salvadoreño debe tomar medidas inmediatas e integrales junto a sus pares de Guatemala para garantizar la vida de ambos pueblos.
“Que se cancele el proyecto minero Cerro Blanco, pues sería uno de las medidas urgentes que Guatemala debería de tomar en aras de salvar a la cuenca Ostúa-Güija -Lempa, pero, por el otro lado se debe buscar un Tratado Binacional porque es una obligación de ambos Estados”, sentenció.
Hay varios convenios internacionales, resoluciones que vienen de Naciones Unidas (ONU), que están advirtiendo que los Estados que comparten cuencas transfronterizas deben celebrar tratados binacionales para que de manera cooperativa los Estados puedan restaurar su uso, regular su protección y disfrute de los pueblos, concluyó Cortez.