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Montevideo/AFP
Uruguay creó un grupo para investigar las denuncias contra el Estado por crímenes de lesa humanidad entre 1968 y 1985, clinic en coincidencia con la vigésima Marcha del Silencio que reclamó el paradero de los desaparecidos en esa época que abarca la dictadura militar iniciada en 1973.
Portando fotos de los detenidos desaparecidos durante la época más turbulenta del país, miles de uruguayos silenciaron la noche del miércoles una de las vías más congestionadas de Montevideo bajo la consigna «Basta ya de impunidad, verdad y justicia», como parte de la tradicional marcha que se realiza desde 1996 en la capital del país.
«No nos mueve la venganza ni los motivos personales, sino la necesidad de entender la democracia, una democracia donde se oculta la verdad y se esconden los asesinos no es democracia», dijo Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, una de las organizaciones participantes de la caminata.
Centenares de personas se fueron sumando a la organizada y silente manifestación que se abría paso en medio de murmullos y pancartas. Una voz enunciando los nombres de los detenidos, el posterior himno nacional entonado a coro por la multitud y una salva de aplausos cerraron la jornada.
El cantautor argentino León Gieco estuvo presente en la caminata, al igual que el sirio Jihad Diyab, uno de los seis exdetenidos de Guantánamo que llegaron en diciembre en calidad de refugiados a Uruguay.
También en el marco del evento, el martes, la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos inauguró una muestra fotográfica a cielo abierto que recuerda «20 marchas del silencio».
«Por la Verdad y Justicia»
El reclamo de muchos de los presentes en la tradicional marcha es avanzar en las investigaciones para esclarecer los hechos de una era turbulenta de Uruguay. En ese contexto, surgió el anuncio del llamado «Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia» que fue creado por decreto del presidente Vázquez en la noche del martes y funcionará en el ámbito de la Presidencia, según informó el Ejecutivo en un comunicado.
El principal objetivo de ese grupo será «investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de éste, dentro o fuera de fronteras, en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado», señala el decreto presidencial.
El grupo se ocupará de seguir investigando denuncias correspondientes a crímenes cometidos entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.
En esa fecha de 1968 empezaron a regir las llamadas «medidas prontas de seguridad», equivalentes a un estado de emergencia, en un contexto de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y estudiantes, sindicatos y organizaciones guerrilleras.
El periodo que se investigará incluye el de la dictadura, entre 1973 y el 1º de marzo de 1985, cuando asumió Julio María Sanguinetti como presidente electo por la ciudadanía y puso fin al gobierno de facto.
El decreto que lleva la firma de los ministros que integran el gabinete de Vázquez señala que este grupo contribuirá a «dar luz a esos hechos en pos de la verdad histórica y promover la justicia en el marco del estado de Derecho».
Señala que «están presentes aún las consecuencias de la acción ilegítima y del terrorismo de Estado sufrido por el país» en esos años.
Esta investigadora estará compuesta por siete integrantes nombrados por Vázquez, que buscan representar a diferentes sectores sociales del país, incluyendo familiares de víctimas y organizaciones contra la discriminación hacia la población negra, hasta colectividades religiosas.
Uno de los integrantes del grupo, Felipe Michelini -hijo del asesinado legislador Zelmar Michelini- dijo a la AFP que considera esta iniciativa «un paso más contra la cultura de la impunidad», pero aseveró que no será una «varita mágica» para resolver casos que datan de hace tantas décadas.
Este grupo creado por Vázquez buscará «organizar» todos los testimonios de quienes «deseen prestarlo voluntariamente» y relevar aquéllos ya existentes y registrados «dentro o fuera del territorio nacional», en el marco del plan Cóndor de coordinación regional de los regímenes militares, según sus cometidos fijados en el decreto oficial.
