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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Desde junio 2019 advertíamos los rasgos fascistas del gobierno del señor Bukele, sus rasgos de personalidad y sus planes indicaban tempranamente su vocación autoritaria y después del primer semestre de su mandato; el golpe fallido contra la Asamblea Legislativa el 9 de febrero abrió los ojos de muchos dentro y fuera del país.
Empezamos así a perder democracia, a darnos cuenta que el Estado de Derecho construido con sacrificio a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, está amenazado. Después de lograda la paz, nadie desnaturalizó tanto a la Fuerza Armada y a la PNC como el presidente Bukele.
Si a cada violación a la Constitución, a las leyes, a los derechos de la ciudadanía se representara en una curva, no vemos disminución alguna, solo sube nuevos escalones, como el desacato a sentencias de la Sala de lo Constitucional, ignorar recomendaciones de organismos regionales de derechos humanos, nuevos intentos de golpe a la Asamblea utilizando bajas argucias como la de “detectar presencia de COVID-19 en el salón azul” y recomendar auto aislamiento de los diputados; ignorar citas de la fiscalía por parte de sus ministros. En suma -en once meses- la institucionalidad maltratada, un ejercicio de Gobierno autoritario e ilegal.
Todo indica que la pandemia le modifica la ruta, más no la meta de instaurar una dictadura civil dominando a la fuerza armada, la policía y el organismo de inteligencia del Estado; el presidente y su ministro de Hacienda han esbozado la idea de no realizar las elecciones legislativas, municipales y del PARLACEN en 2021, esto indicaría que termine la actual legislatura el 30 de abril de 2021 y se quede Bukele gobernando solo, sin contrapeso.
Afirman eso al mismo tiempo que se proclaman aprobados por el 98 % de la ciudadanía, niegan las elecciones a la vez que proclaman la muerte de sus adversarios políticos que tienen mayor representación legislativa, el FMLN y ARENA y que utilizan los recursos del Estado para favorecer a su partido Nuevas Ideas.
La pandemia ha pasado a ser para el presidente una condición que cree poder utilizar para destruir a sus adversarios, y de allí que el enfoque de atención sea más policial y militar que de salubridad; que su énfasis no es detectar el virus en los centros de contagio mal llamados de contención, sino el establecimiento de cercos militares para que la gente se acostumbre a ver la presencia militar en las calles o como denuncian algunos, el atropello incluso en los hogares.
La Asamblea a la que tanto ataca, le ha dado casi todo lo que ha pedido, miles de millones de dólares, pero las enfermeras, médicos y el personal de salud carecen de mascarillas, guantes y trajes apropiados para atender a los pacientes; se le ofrecen mecanismos científicos y profesionales por parte de entidades respetables como el Colegio Médico y los ignora porque no es la salud su mayor interés, sino el aprovechamiento político de la pandemia para afirmar su poder y las características de una dictadura, que seguramente es su propósito.
Así cobran sentido los rumores que circularon después del 9 de febrero en el sentido de que el presidente y su grupo que le respalda, busca efectivamente desmontar la Asamblea Legislativa, llamar a una constituyente, reformar la constitución estableciendo la reelección presidencial y con el dominio del aparato represivo imponerse como una dictadura de tipo civil.
La pandemia que es algo más que el virus, trae consigo la recesión y con ella el agravamiento de la pobreza y otros problemas sociales requiere de la mayor unidad y a pesar de la sordera del Gobierno de turno, las fuerzas vivas parecen despertar y expresarse.
Eso da esperanza, refuerza la posibilidad de concertar en el pueblo para hacerse escuchar por el Gobierno. No es una sola fuerza, no es una sola instancia, es el despertar de muchos lo que puede hacer entrar en razón a los actuales gobernantes de respetar la Constitución, la soberanía del pueblo, su derecho a elegir a la vez que se fortalezca la exigencia a cada una de las instituciones para que cumplan su rol y dejen de tolerar tanto irrespeto por parte del Gobierno.
Parte de ese despertar es defender nuestro derecho a la libertad de expresión, atacado por la maquinaria de propaganda gubernamental; también la exigencia a las instituciones como la FGR para defender la legalidad, que se identifiquen y judicialicen las violaciones que cometen funcionarios de Gobierno.
Puede aplanarse la curva del COVID-19, pero es igualmente necesario evitar que crezcan los efectos del virus del autoritarismo que padece el presidente y su equipo de Gobierno.
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