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José M. Tojeira
La empresa privada también puede violar derechos humanos básicos. Es una afirmación que generalmente no era aceptada, porque la doctrina de los derechos humanos nació pensando en evitar los abusos del Estado o agentes estatales contra las personas particulares. Pero en la medida en que hemos ido descubriendo lo que generalmente se llaman derechos humanos de tercera generación, como son los derechos de los pueblos, el derecho al medio ambiente, al agua, etc., ha empezado a crearse todo un pensamiento que incluye a las empresas en la posibilidad de violar gravemente los derechos de las personas. Ciertamente sería el Estado el que debería impedir, y no apoyar, que las empresas impidieran el acceso a bienes que son comunes y que son severamente dañados por intereses particulares. Pero el peso económico y político e incluso el poder político, de algunas empresas, a veces unido a la corrupción del Estado, provoca serias violaciones de derechos de las personas.
En esta ocasión el proyecto “Ciudad Valle el Ángel”, en las inmediaciones de los dos redondeles dedicados a la integración, entre los municipios de Nejapa y Apopa, con una extensión de más de doscientas hectáreas amenaza con crear un grave problema ecológico. Construir una urbanización tan amplia en una importante zona de recarga de acuíferos, y simultáneamente extraer agua para dicha urbanización significa materialmente robarle el agua a importantes comunidades del entorno, al mismo tiempo que disminuir sistemáticamente el nivel de los reservorios subterráneos. La Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado respaldando las peticiones de múltiples comunidades y parroquias del entorno, ha presentado ante el Ministerio del Medio Ambiente una muy bien fundada petición de que no se autorice la construcción de los varios miles de casas que se quieren implantar en esa zona. En una zona donde ya se abusa exageradamente de los acuíferos por parte de algunas empresas, emprender este tipo de proyectos amenaza simultáneamente a una amplia población local al tiempo que convierte el agua en un bien cada vez más caro para la ciudadanía. Simultáneamente la contaminación por residuos, aguas negras y erosión de terrenos hasta ahora de vocación agrícola crea un problema que va más allá de aspectos municipales. La basura generada irá a parar al río Lempa y a la represa del Cerrón Grande, ya exageradamente contaminada. Ese es un problema nacional. El tráfico de vehículos que ya sufre unas terribles congestiones en las horas punta en la prolongación del bulevar Constitución, colapsaría con la nueva construcción de viviendas.
La empresa que esta detrás de esta construcción no tiene sensibilidad de derechos humanos. Algunos de sus accionistas han mostrado ya en otras ocasiones una dureza brutal con personas empobrecidas, que por una serie de circunstancias vivían desde decenas de años en sus tierras. Basta recordar el desalojo brutal de El Espino, hoy en vías de solución gracias a los esfuerzos estatales, para darnos cuenta de la insensibilidad social y de derechos humanos que se gastan algunos accionistas de empresas de construcción. Frente a ellos las instituciones estatales deben ser firmes, e incluso las instituciones de la empresa privada, sus asociaciones, gremios y tanques de pensamiento, deberían tener por principio ético, el valor de oponerse a los abusos de algunos de sus afiliados, cuando estos violan derechos humanos y afectan al bien común del país. El Estado debe tener al mismo tiempo un proyecto nacional claro de zonas urbanizables, de zonas de vocación agrícola y de zonas protegidas de vocación forestal. En uno de los países más deforestados de América Latina, léase El Salvador, no se puede permitir que bajo el concepto de libertad de empresa se permita dañar el medio ambiente, usurpar ese bien común indispensable que es el agua y crear graves problemas de contaminación e incluso de tráfico. El pensamiento de la doctrina social de la Iglesia es claro cuando dice que “la empresa debe ser una comunidad solidaria no centrada en los intereses corporativos, tender a una ecología social del trabajo y contribuir al bien común, incluida la salvaguardia del ambiente natural”. Nada de eso se advierte en el proyecto “Ciudad Valle el Ángel”.
