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Alma Vilches
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“En la audiencia contra el exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, hay avances, sin embargo, es preocupante que existen cajas de pruebas las cuales no están completas en el Tribunal 5º de Sentencia de San Salvador”, aseguró la vocera de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDECH), Ivania Cruz.
La abogada dijo que la defensa tiene como propuesta el perito donde se comprueba la inocencia de Ramírez y Ramón Roque, pues ningún fondo fue destinado a cuentas propias; Además, que las razones de crear las tiendas penitenciarias de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO) fue una propuesta de la Corte de Cuentas, y ellos como funcionarios acataron dicha orden.
A la vez, indicó que existen pruebas las cuales la Fiscalía General de la República (FGR) pudo presentar, pero le favorece al exministro de Seguridad, porque esclarece el tema del supuesto desvió de fondos, además, detallar el control que había de ese dinero.
“Preocupa que no se haya identificado las demás cajas de pruebas. El Tribunal de Sentencia está viendo si quedaron en otro de los Juzgados de Instrucción o la Fiscalía; no deja de generar desconfianza en el sistema de justicia, por la fabricación de estos casos y el hecho de que existen anomalías, como la ubicación de las demás cajas de prueba”, reiteró Cruz.
El 2 de septiembre sigue la audiencia de vista pública, de 22 testigos de la Fiscalía ha prescindido de varios entre ellos, el director general de Centro Penales, Osiris Luna, y se redujo a nueve. Ramírez Landaverde espera que exista un poco de dignidad en el órgano judicial y no sea un mero trámite, y no se consolide con una sentencia condenatoria.
La vocera de UNIDECH manifestó que en estos casi tres años el exfuncionario nunca estuvo en tratamiento con especialistas, fue tratado como un reo más, no por ser preso político recibió un trato diferente, sino tuvo que convivir con los demás presos dentro del penal La Esperanza, conocido como Mariona.
“Nos preocupa la salud de Ramírez Landaverde porque el tema médico se le vulneró, existía una orden que debía ser trasladado al Hospital Rosales para hacerle estudios médicos, lo cual nunca se hizo desde marzo de este año”, agregó.
Actualmente, sigue en arresto domiciliar y custodiado por la PNC. La familia está gestionando que un médico privado pueda ingresar a la vivienda para examinarlo y ordenar los exámenes, a fin de garantizar el protocolo de seguridad, pero al mismo tiempo el estado de salud.
