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Por Kelly Velásquez/Ciudad del Vaticano/AFP
El Vaticano abre este martes un juicio contra cinco personas, entre ellas dos periodistas italianos y un cura español, acusadas de divulgar documentos confidenciales sobre la malversación de fondos y el despilfarro en la Santa Sede.
El juicio se llevará acabo en la sala del tribunal del Vaticano ante la presencia de la prensa y concluirá al término de unas pocas audiencias.
Los dos periodistas, Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, autores de sendos libros sobre la corrupción en la Curia Romana, lanzados el 5 de noviembre pasado, han sido acusados de «divulgación ilícita» de documentos confidenciales.
Se trata de la primera vez que el Estado más pequeño del mundo procesa a dos periodistas, lo que ha sido calificado por la prensa italiana de «nueva Inquisición».
Además de los periodistas será juzgado el prelado español Lucio Ángel Vallejo Balda, de 54 años, la consultora italiana Francesca Immacolata Chaouqui, de 34 años, y un colaborador de Vallejo, Nicola Maio, de 37 años, a quienes se les acusa de haber formado una «asociación criminal organizada» con el fin de divulgar noticias y documentos que afectan los intereses de la Santa Sede.
La divulgación de documentos reservados «contra la seguridad del Estado» es un delito introducido por el papa Francisco en julio del 2013 y es castigado con una pena de 4 a 8 años de cárcel.
Vallejo Balda, miembro del Opus Dei, que fue secretario de la extinta Comisión de Estudio sobre la Organización de las Estructuras Económicas – Administrativas de la Santa Sede (COSEA), de donde proviene la mayor parte de los documentos difundidos, es el único de los acusados que se encuentra desde el 2 de noviembre bajo detención en una celda dentro del Vaticano.
Los dos libros destaparon casos de corrupción, despilfarro y malversación en la Curia Romana y se basan en documentos, grabaciones, correos electrónicos, actas de reuniones y fotos sustraídos de las oficinas del Vaticano.
Al contrario de cuando estalló en 2012 el escándalo de ‘Vatileaks’, bajo el pontificado de Benedicto XVI, los documentos no fueron robados del escritorio del pontífice por su mayordomo sino que provienen de las personas designadas por el mismo papa Francisco para reformar las finanzas.
El mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, fue sentenciado a 18 meses de prisión tras lo cual fue indultado por el mismo pontífice antes de renunciar al cargo.
Nuzzi, periodista televisivo, es el mismo autor de «Su Santidad: las cartas secretas de Benedicto XVI», un libro que recoge las cartas personales del pontífice robadas por su exmayordomo. En esa ocasión, Nuzzi no fue enjuiciado porque entonces ese delito no existía en el Código Penal vigente en el Vaticano.
Ninguna ley protege la prensa
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la que la Santa Sede es miembro, pidió el lunes al Vaticano que retire los cargos contra los periodistas, aduciendo que tienen el derecho de cubrir temas de interés público y de proteger sus fuentes.
Después de negarse la semana pasada a comparecer ante la policía del Vaticano, Nuzzi anunció el lunes en un comunicado que asistirá a la audiencia a pesar de que el Vaticano no tiene leyes que garanticen la libertad de prensa y protejan las fuentes.
«Filtrar documentos es algo constante en toda democracia», se defendió Fittipaldi, de la revista L’Espresso, quien también comparecerá.
«Pensé que iban a investigar a los acusados de actividades delictivas, no a las personas que denuncian los delitos», comentó en una conferencia de prensa.
