Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), presentaron a la Fiscalía General de la República (FGR) un escrito de seguimiento del caso por el delito a patrimonios privado de comerciantes de la Costa del Sol, quienes desde hace cuatro fueron desalojados y les quemaron sus ramadas y otros bienes.
Ivania Cruz vocera de UNIDEHC, explicó que por este caso existen dos expedientes administrativos en la fiscalía, debido a uno de ellos se presentó un aviso penal por la compensación económica de los daños sufridos a los comerciantes desde esa fecha.
Dijo que a través de una mesa de diálogo con alcaldía de La Paz Centro lograron un acta, donde las autoridades municipales se comprometieron a darle a las personas el reintegro o la compensación económica por eso daños sufridos.
“Presentamos a la alcaldía un escrito detallando los daños ya que las cantidades varían dependiendo el caso, pero desde esa fecha llevamos más de 40 días sin respuesta de la alcaldía, el equipo de abogados ha intentado comunicarse con las autoridades municipales para conocer el avance del escrito, sin embargo, hasta la fecha no hay resultados”, sostuvo.
Cruz indicó que la alcaldía propuso dos inmuebles para la reubicación de los afectados, pero en ellos no se puede ejercer el comercio, los comerciantes y el equipo de abogado no están de acuerdo; además existe una resolución del juzgado ambiental donde establece que deben estar de acuerdo ambas partes, es decir, el inmueble debe ser dependiendo las necesidades de las comerciantes.
María Canesa, vendedora afectada por la quema de las ramas en la Costa del Sol, enfatizó que desde el 11 de mayo no han percibido ingresos, ya que esa era su fuente de trabajo y ganarse el sustento diario.
“Estamos pidiendo que la alcaldía cumpla lo que prometió y dejó escrito en el acta, no vemos nada claro de la compensación que nos iban a dar, tampoco nos ofrecen un lugar de reubicación, si no nos ofrecen una zona de turismo no vamos a aceptar, pedimos que nos den la reubicación y la compensación”, recalcó la afectada.
Marisela Ramírez, representante del BRP, manifestó que respaldan a las comunidades víctima de los desalojos y graves daños sufridos a sus bienes, pues eran los medios de subsistencia, es fundamental seguir con esa denuncia porque solo la organización de las comunidades y el pueblo salvadoreño, puede enfrentar estos retrocesos que atentan contra la dignidad y la vida de las familias.