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Caracas/AFP
Venezuela acusó este lunes a Estados Unidos de ejercer «terrorismo psicológico» para forzar un cambio de gobierno, tras ser incluida en una lista de países con restricciones para viajar a territorio estadounidense.
«Este tipo de listas (…) son incompatibles con el derecho internacional y constituyen en sí mismas una forma de terrorismo psicológico y político», denunció la cancillería en un comunicado.
Añadió que la medida busca «ejercer presión sobre las instituciones del Estado venezolano y los pretendidos funcionarios públicos sancionados (…) para coaccionar o forzar un cambio en el gobierno venezolano».
El decreto del presidente Donald Trump restringe el ingreso a Estados Unidos de funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno venezolano y a sus familiares.
«Las sanciones del gobierno de Estados Unidos son un trofeo. Que nos sancione el imperio yanqui lo tomamos como el máximo reconocimiento a nuestras luchas históricas», señaló a periodistas el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami.
Según la Casa Blanca, Caracas ha adoptado los estándares impuestos por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), pero «no coopera en la verificación de si sus ciudadanos representan una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública».
«Que haga lo que le dé la gana el presidente Trump, (…) sacó otra amenaza, otra agresión con una ley de migración, haga lo que le dé la gana, a Venezuela no la va detener un imperio», subrayó El Aissami.
En el comunicado, el gobierno de Nicolás Maduro tildó de «irracional» la sanción, que se suma a otras que prohíben transar nueva deuda pública emitida por el Estado o la petrolera PDVSA.
El Departamento del Tesoro ya había aplicado sanciones financieras al propio Maduro y a una veintena de funcionarios y excolaboradores, según ha dicho como una forma de presionar para que en el país petrolero se restablezca la democracia.
Esta medida forma parte de una «campaña de agresiones sistemática», afirmó la cancillería, subrayando que la restricción de viajes «busca justificar la utilización de temas tan serios como la lucha contra el terrorismo, como un medio para alcanzar objetivos políticos».
El gobierno venezolano advirtió que frente a ello podría tomar acciones «con arreglo al principio de reciprocidad».
Decreto no cambió de carácter
Diversos analistas y grupos no gubernamentales apuntaron que, aunque este nuevo decreto haya incluido a Venezuela y a Corea del Norte, el espíritu del decreto sigue siendo claramente antimusulmán.
«Seis países de esa lista son islámicos. El hecho de que haya agregado a Corea del Norte, que envía un número insignificante de viajeros, y algunos funcionarios de Venezuela, no esconde la realidad de que este decreto prolonga el veto a musulmanes», dijo Anthony Romero, director de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
Becca Heller, del Proyecto Internacional de Apoyo a los Refugiados, opinó lo mismo: «Sigue siendo una exclusión de musulmanes», dijo.
Para el Centro Legal de Inmigración, una entidad que protege migrantes, «el añadido de Venezuela a la lista de los países afectados no elimina el carácter odioso y xenófobo de la política de Trump».
Para el abogado Justin Cox, del Centro Legal de Inmigración, Trump «está básicamente reescribiendo la legislación migratoria, por completo».
Si el presidente puede vetar indefinidamente el ingreso de ciudadanos de determinados países, «puede vetar indefinidamente el ingreso de trabajadores, puede vetar mexicanos, básicamente puede hacer lo que quiera», criticó el experto.
Sombrío enredo jurídico
Más allá de las reacciones externas, el nuevo decreto complica todavía más el ya difícil enredo jurídico existente.
La Suprema Corte estadounidense aún se encuentra en medio del proceso para decidir sobre la constitucionalidad del decreto anterior, que expiró el domingo y que fue apenas parcialmente retomado en la nueva versión.
El gobierno, a través de su representación legal, envió el domingo una carta a la Suprema Corte sugiriéndole que tome en cuenta los cambios introducidos en el nuevo texto.
Desde su investidura, Trump intenta cumplir su promesa de impedir el ingreso de inmigrantes y refugiados de países donde no existen condiciones de verificar antecedentes, en especial países de mayoría musulmana.
El primer decreto, firmado el 27 de febrero de este año, imponía severas restricciones al ingreso de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria y Yemen.
El decreto generó tal escándalo que su aplicación fue suspendida por dos jueces federales y el gobierno terminó simplemente por anularlo.
El 6 de marzo Trump firmó un segundo decreto, en el que removió a Irak de la lista pero mantuvo a los otros países.
Este decreto fue también suspendido por un juez federal de Hawaii. Irritado con las dificultades legales, Trump decidió entonces elevar el caso a la Suprema Corte, pero el domingo ese decreto se venció por no haber entrado en vigor.
