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Bachelet desarrolló del 19 al 21 de junio una apretada agenda en territorio venezolano, donde sostuvo encuentros con autoridades, actores políticos -afines y adversos al Gobierno-, y conoció de primera mano las afectaciones ocasionadas por el bloqueo económico de Estados Unidos.
En ese escenario, la agenda de los medios privados estuvo orientada a posicionar ante la opinión pública un ‘supuesto’ estado de indefensión, reflejo de la imagen negativa de un Ejecutivo incapaz de garantizar la protección de la población, de acuerdo con su discurso mediático.
El politólogo venezolano Gabriel Iachini enumeró la violación de los derechos humanos, la migración, la crisis económica y la inseguridad como elementos claves que buscan justificar la tesis del llamado Estado Fallido, y que con la visita al país de la alta comisionada, la oposición y sus medios pretenden imponer a través de medias verdades.
Estimó que la estrategia mediática opositora apuntó a la búsqueda de declaraciones parcializadas de la expresidenta chilena en contra del sistema de derechos humanos en Venezuela para luego ser utilizadas como bandera por la derecha.
Asimismo, alimentar la campaña intervencionista contra el país bajo un manto humanitario una vez despejados del escenario los planes de una intervención militar y del golpe de Estado.
RUPTURA DEL CERCO MEDIÁTICO
En opinión del secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, la visita de Bachelet contribuyó a la ruptura del cerco mediático impuesto contra Venezuela por las grandes empresas de la comunicación y a través de las redes sociales.
Devoe destacó la importancia de que la exmandataria chilena apreciara las políticas del Gobierno bolivariano a favor de las mayorías, y cómo son entorpecidas por las sanciones aplicadas por la administración estadounidense de Donald Trump.
Michelle Bachelet tuvo acceso a pruebas, hechos y evidencias que demuestran la ejecución de medidas coercitivas unilaterales al menos desde el año 2013, aunque estas se recrudecieron desde comienzos de 2019, subrayó.
Precisó que el tema de las consecuencias del bloqueo económico resultó prioritario durante la visita oficial de la alta comisionada, para su inclusión en el informe que presentará la funcionaria ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 5 de julio próximo.
En Venezuela existen grandes expectativas con la presentación de este documento, a la espera de que se haga un balance objetivo de la situación de los derechos humanos en el país, a diferencia de anteriores reportes, totalmente ‘sesgados y politizados’, afirmó Devoe.
COOPERACIÃ’N FLUIDA EN MATERIA DE DD.HH.
Tras despedir a la alta funcionaria de la ONU, el presidente venezolano Nicolás Maduro ratificó la voluntad del Ejecutivo bolivariano de cooperar con el Sistema de la ONU en materia de los derechos humanos.
Maduro calificó de exitosa y positiva la visita de la representante de Naciones Unidas para ‘tratar de superar la dura experiencia’ con el anterior máximo representante de esa dependencia del ente multilateral.
‘Hemos dado un primer paso para una relación fluida de cooperación entre el Sistema de Derechos Humanos de la ONU y Venezuela’, manifestó el jefe de Estado, al subrayar que la visitante contó con total libertad para reunirse y escuchar a todos los sectores políticos de la nación sudamericana.
‘Tengo la esperanza de que esta reunión ayude a mejorar la relación entre el Estado venezolano y la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos’, aseveró el presidente de la República.
Agregó que el Gobierno bolivariano tomará ‘con toda seriedad’ las sugerencias y recomendaciones emanadas de esta visita, para que en Venezuela prevalezca un sistema dirigido a la protección del pueblo.
Antes de abandonar el país, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos manifestó preocupación por el impacto negativo del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra la nación sudamericana.
Al realizar un balance de su estancia en territorio venezolano, la expresidenta chilena precisó que las sanciones implementadas este año por Washington sobre las exportaciones venezolanas de petróleo y el comercio de oro ‘están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica’.
Bachelet agradeció al Gobierno bolivariano la invitación cursada a finales de 2018, así como la cooperación y el compromiso del Ejecutivo con la oficina de la alta comisionada, incluido el equipo que visitó el país en marzo último.
La funcionaria destacó que el organismo internacional por ella representado alcanzó un acuerdo con Caracas para que dos oficiales de esa instancia permanezcan en Venezuela con el mandato de proveer asesoría y asistencia técnica, y monitorear la situación de los derechos humanos.
Subrayó el compromiso expreso de las autoridades para llevar a cabo una evaluación de la comisión nacional de prevención de la tortura, así como para evaluar los principales obstáculos para el acceso a la justicia en la nación sudamericana.
El Gobierno aceptó que un equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para valorar sus condiciones y hablar confidencialmente con los privados de libertad, precisó Bachelet.
La exmandataria chilena indicó que el principal propósito de su visita giró en torno a abrir un espacio para mantener una relación cercana y fluida con las autoridades e instituciones del Estado, la sociedad civil y otros actores políticos y sociales.
Durante su estancia en Venezuela, la alta comisionada sostuvo reuniones con el presidente de la república, Nicolás Maduro; el titular de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; el canciller Jorge Arreaza, integrantes del gabinete ministerial, los poderes público, judicial, y la defensoría de pueblo.
Dialogó además con diputados de la Asamblea Nacional -parlamento de mayoría opositora declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia-, y su presidente Juan Guaidó, reconocido por Washington como mandatario interino del país en un acto calificado por Caracas como intento de golpe de Estado.
En tal sentido, Bachelet llamó a los líderes de todos los espectros políticos para encontrar una manera de confrontar los desafíos del pueblo de Venezuela, y a participar constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega o cualquier otro intento por encontrar una salida negociada a la crisis del país.
Señaló que el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que se presentará el 5 de julio próximo contendrá más información y recomendaciones.
