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La Haya / AFP / vtv.gob.ve
Venezuela informó el jueves que ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue como posibles crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, planteó formalmente este asunto como una forma de «guerra económica» a la fiscal de la CPI, con sede en La Haya.
“Aquí tenemos datos estadísticos para la remisión sobre los hechos que determinan las responsabilidades sobre los daños que se le han infringidos al pueblo venezolano como delitos de lesa humanidad ante un país que es libre y soberano”, dijo.
Asimismo, el Canciller afirmó que más de 35 resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) califican de contrarias al derecho internacional las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela.
«Consideramos que las medidas coercitivas unilaterales son crímenes de lesa humanidad, además violan el derecho internacional y los derechos humanos (…) En este caso contra la población civil de Venezuela, e insistimos ante la Fiscal (Jefe) de la Corte Penal (Fatou Bensouda), que hay que detener esta barbarie», enfatizó.
También dijo que espera que pueda servir como un precedente para otros casos de sanciones impuestas por los estadounidenses, por ejemplo, a aliados de Caracas, como Irán y Cuba.
«Hemos venido a las instancias para poder hacerle frente a una agresión integral contra el pueblo venezolano (…) Es una acción jurídica que ha comenzado hoy. Tiene que imponerse el imperio de la ley, no la barbarie (…) esta demanda esta dirigida contra quienes toman las decisiones en Washington», añadió Arreaza.
Puntualizó que esta denuncia está debidamente sustentada, con análisis de expertos externos y dividida en diferentes sectores donde afectan principalmente las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela “pedimos ante los tribunales internacionales que se haga el proceso tradicional que se debe seguir pues estamos demandando de manera respetuosa ante la Fiscal que haya pertinencia y oportunidades en el tratamiento de esta remisión. Es un caso que esta ocurriendo en estos momentos en nuestro país, esta modalidad de guerra que genera muertes y destrucción no son legales”.
En este sentido, Arreaza expuso que la Fiscal y sus equipos de jueces evaluaran todo lo remitido para entender las causas que han hecho que el Gobierno de Venezuela acuda a estas instancias internacionales “la remisión permitirá que se hagan los procesos que conllevarían a un enjuiciamiento dirigida contra el presidente de Estados Unidos, éstas medidas coercitivas y unilaterales tienen un fin político, jurídicamente un cambio de gobierno esa es la intensión. Nosotros somos parte del estatuto de Roma y tenemos el derecho y obligación de proteger a nuestro pueblo”.
No hubo de inmediato una reacción de la CPI, creada en 2002 para juzgar los crímenes graves en el mundo, lo que incluye a los de guerra y de lesa humanidad.
Estados Unidos no integra la CPI, pero ésta puede reclamar jurisdicción sobre cuestiones que afecten a personas de los Estados miembros, como es el caso de Venezuela.
La gestión venezolana tuvo lugar al día siguiente de que el opositor, Juan Guaidó, defendiera, tras regresar de una gira internacional, las sanciones extranjeras contra su país, impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump.
Washington impuso el año pasado sanciones a la industria petrolera venezolana, principal fuente de divisas del país, y recientemente lo hizo con la aerolínea estatal venezolana, Conviasa.
«Los efectos contra la economía y particularmente contra la industria petrolera venezolana, que es el corazón de la economía venezolana, estas medidas impiden que se pueda transportar petróleo venezolano», advirtió el titular de Exteriores.
Esas medidas impiden «que se puedan reparar equipos petroleros, que se puedan importar los químicos para los procesos necesarios para la refinación del petróleo».
Igualmente, informó que nunca se había introducido ante un Tribunal Internacional, para una remisión, un informe con estas características incluso para responsabilizar a dirigentes de un Estado que no forma parte de este organismo internacional, pero “creemos que por efectos debe aceptarse; en Venezuela es demasiado obvio lo que se está haciendo en contra del pueblo, no descartamos ningún escenario para ser escuchados, la violación de derechos humanos que vimos en Ecuador, Chile y Perú son de una extensión cruel que nunca antes fue vista en América Latina”.
