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Caracas / Prensa Latina
La justicia venezolana acordó mantener las medidas penales contra los vinculados en el intento de magnicidio contra el alto mando político militar de la nación en agosto de 2018, según comunicado emitido el martes por el Tribunal Supremo.
El documento ratificó la privativa de libertad contra Juan Requesens por participar en el homicidio intencional calificado en grado de frustración contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
La instancia también decidió el pase a la fase de juicio por los delitos de traición a la patria, terrorismo, posesión ilícito de armas y municiones.
Igualmente se admitieron las acusaciones contra de Brayan de Jesús Oropeza, Alejandro Pérez, Yanin Pernía, Pedro Javier Zambrano, Yolmer Escalona, Emilendris Benítez, Alberto Bracho, Argenis Valero, Juan Carlos Monasterio, Héctor Hernández y Henriber Rivas por también formar parte del plan terrorista.
De acuerdo con el texto, en el caso de Oswaldo Javier Castillo, el Juzgado admitió los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria, homicidio intencional calificado contra el jefe de Estado, terrorismo y asociación para delinquir.
La justicia venezolana ratificó asimismo el delito de encubrimiento a terrorismo para Winder Anderson Vásquez Velasco al igual que a Ángela Expósito Carrillo también vinculada al financiamiento y asociación.
El Tribunal Supremo de Justicia acordó en todos los casos mantener la medida privativa de libertad así como las medidas innominadas de bloqueo e inmovilización de cuentas y prohibición de enajenar y gravar.
Los procesados permanecen bajo investigación por su participación en el atentado fallido con drones contra Maduro y otros altos cargos políticos y militares durante una parada militar en la céntrica avenida Bolívar de Caracas.
