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Por Ramon Sahmkov
Washington/AFP
Venezuela alertó el jueves ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que Estados Unidos pretende apoderarse de su petróleo, sildenafil pero Washington negó esas acusaciones, no rx en el primer debate entre los países por las recientes sanciones de la Casa Blanca.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, acudió al organismo hemisférico para denunciar la orden ejecutiva del presidente estadounidense Barack Obama que cataloga la situación en Venezuela -de crisis económica e inestabilidad política- como una «amenaza» para la seguridad nacional de Estados Unidos.
«La aplicación de leyes de esta naturaleza suelen preceder a intervenciones militares», alertó Rodríguez durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington.
«Por eso hemos venido a esta organización a alertar no solamente de la sanción extrema, como una intervención militar (…), sino con agresiones de otro tipo como bloqueo financiero, comercial y económico», añadió la ministra.
La representante de Venezuela, país con las mayores reservas de crudo en el mundo, advirtió «que se pretende poner mano sobre nuestros recursos naturales estratégicos y nuestra principal empresa petrolera, PDVSA».
De hecho, Rodríguez denunció que las cuentas bancarias de varias misiones diplomáticas venezolanas han sido bloqueadas «en ocasión y en el marco» de la orden ejecutiva estadounidense, que en repetidas veces pidió a Washington derogar.
Consecuencias «impredecibles»
La discusión del decreto de la Casa Blanca en la OEA ocurre luego que la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) y el bloque ALBA respaldaran en los últimos días el reclamo venezolano y pidieran a Obama derogar las medidas.
Pero el escenario en el bloque continental más antiguo, que agrupa a todos los países de la región menos Cuba, puso por primera vez a Estados Unidos y Venezuela en la misma sala para discutir el último diferendo en los ya problemáticos lazos bilaterales.
El embajador estadounidense, Michael Fitzpatrick, negó que el decreto, que ordena sanciones contra siete funcionarios venezolanos señalados de violación de derechos humanos, busque desestabilizar a Venezuela, principal comprador del petróleo venezolano.
«No estamos preparando una intervención militar (…) No estamos buscando desestabilizar o derrocar al gobierno de Maduro en un golpe de Estado ni participamos en una conspiración para perjudicar la economía venezolana», afirmó.
«Solo queremos evitar que venezolanos que consideramos han cometido violaciones de derechos humanos de otros venezolanos viajen a Estados Unidos o coloquen su dinero en nuestro sistema financiero», añadió.
La canciller venezolana no aceptó, sin embargo, ninguna de las explicaciones y, en una segunda intervención, reafirmó que el decreto es un «adefesio jurídico».
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dio la bienvenida al debate del asunto en el foro interamericano, pero lamentó que existan tensiones entre dos países miembros, a pocas semanas de la Cumbre de las Américas, el 10 y 11 de abril en Panamá.
Insulza recordó que la cumbre en Panamá reunirá por primera vez a todos los mandatarios del continente, con la presencia histórica de Cuba, y «tenemos la obligación de resguardar eso».
«Las consecuencias de las escaladas son siempre impredecibles», dijo el diplomático.
Apoyo generalizado
Venezuela encontró un respaldo generalizado a su denuncia en el foro interamericano, que contó con la presencia de siete cancilleres, venidos a Washington para la elección del nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, el miércoles.
El embajador de Nicaragua, Denis Moncada, calificó el decreto de Obama como «totalmente inaceptable» y un «acto imperial inadmisible».
«Estados Unidos debe acudir a la OEA si se siente amenazado por otro país miembro», dijo de su lado el canciller argentino Héctor Timerman, pidiendo a Obama revocar el decreto contra los funcionarios venezolanos.
Incluso México, un claro aliado de Estados Unidos, destacó que el «lenguaje que utiliza (el decreto) no contribuye a promover el diálogo», según dijo la vicecanciller Vanessa Rubio.
Pero en la ocasión también se colaron menciones a la situación interna en Venezuela, objeto de la preocupación regional por la detención de varios dirigentes opositores en el último año y la severa crisis económica que enfrentan sus ciudadanos.
«No podemos, en nombre de mi país, dejar de advertir que la dura situación que sufre el pueblo venezolano es anterior a la decisión interna del gobierno estadounidense», señaló el canciller de Costa Rica, Manuel González.
«Son dos cosas separadas y ambas cuestiones merecen nuestra atención, eso esta claro», agregó.
