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Francisco Elías Valencia
@fe_valencia
El ministro de Hacienda Nelson Fuentes aseguró recientemente que la reciente venta de bonos por 1,097 millones de dólares “evidencia la credibilidad hacia El Salvador”, y que los inversionistas internacionales “ofrecieron cinco veces más de lo ofertado”. Sobre este tema y sobre el estado actual de la economía conversamos con el economista César Villalona.
-César ¿Cómo valoras la colocación de los bonos y los bajos intereses a que se vendieron?
Concuerdo con lo dicho por el ministro de Hacienda. Los grandes empresarios del exterior saben que la economía se mantiene estable y en crecimiento y que los indicadores socioeconómicos mejoraron en los últimos años. Eso es lo que explica que hayan comprado bonos a 7.12 % de interés y treinta años de plazo. Si no creyeran en las estadísticas de producción, empleo, comercio exterior, pobreza, entre otras, no hubieran realizado esa compra.
Lo cierto es que el estado actual de la economía y la mejora en los índices sociales son una herencia de los últimos dos gobiernos, pues el actual gobierno solo tiene dos meses de haber iniciado.
Hay que recordar que en 2009 la actividad económica cayó -2.1 %, las exportaciones bajaron -9.3 %, el déficit fiscal subió al 6.5 % del PIB, la pobreza afectó al 38 % de los hogares y las demás variables económicas y sociales eran muy negativas. Entre 2010 y 2018 el PIB creció 2.6 % promedio, las exportaciones aumentaron 4 %, el déficit fiscal bajó al 3.3 % del PIB, la pobreza disminuyó hasta el 26.3 % de los hogares y hubo grandes avances en salud y en otras áreas sociales y económicas. Si esos y otros indicadores estuvieran deteriorados, los empresarios no hubieran comprado los bonos en las condiciones en que lo hicieron.
-¿Los organismos internacionales reconocen avances en la economía nacional?
Si. El 22 de mayo de 2019 durante la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, el Directorio Ejecutivo del FMI dijo en un informe público que “en la última década El Salvador ha dado pasos importantes en materia de desarrollo social: la pobreza, la desigualdad y la migración a Estados Unidos disminuyeron (…) gracias a un gasto social sostenido y una economía en crecimiento”. Lo mismo dicen la CEPAL y el Banco Mundial.
La opinión del FMI es importante para los empresarios, pues ese organismo representa los intereses de la banca privada internacional. Si el FMI dice que la economía de tal país está decreciendo y sus índices sociales se deterioraron, dicho país podría no ser sujeto de crédito.
Por eso llama la atención que el presidente de la República dijera hace unas semanas que los indicadores socio económicos de nuestro país son falsos y que la pobreza creció en los últimos dos gobiernos. Incluso el presidente les pidió a los técnicos del Banco Mundial que ayudaran a elaborar indicadores reales, al tiempo que le solicitó, como hecho paradójico, que hablaran bien de El Salvador para que aumentara la inversión extranjera. El presidente designó a un equipo que diseñará indicadores multidimensionales que muestren un panorama socio económico muy negativo, para luego decir que encontró un país en bancarrota.
Y resulta que al venderse bonos en condiciones favorables, el propio ministro de Hacienda aseguró que para los llamados inversionistas internacionales El Salvador es creíble, o sea, que tiene indicadores económicos y sociales confiables, contrario a lo que dice el señor presidente.
-Volviendo al tema de los bonos, el presidente Bukele dijo que se logró “la tasa de interés más baja que se había logrado en treinta años”
Es bueno que los bonos se hayan colocado en condiciones favorables. Sin embargo, no es la primera vez que eso ocurre. En 2012 para no ir más atrás, se vendieron bonos por 800 millones de dólares a una tasa de interés de 5.87 % y en 2014 se vendieron otros 800 millones a un interés de 6.37 % y doce años de plazo. De manera que la tasa de interés de los bonos actuales (7.12 %) no es la menor de los últimos treinta años.
-Pero en 2017 se vendieron bonos más caros
Si. A 8.63 % y doce años de plazo. Ello se debió a que ese año las finanzas públicas estaban en crisis debido a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una medida cautelar contra una reforma al Fideicomiso de Pensiones, mediante la cual las AFP le prestarían al gobierno el dinero que este necesitaba para pagarle a las mismas AFP los intereses y la amortización anual por la deuda acumulada desde que ARENA gobernaba.
La reforma al Fideicomiso se aprobó en 2016 y aunque algunos derechistas presentaron un recurso de inconstitucionalidad, la Sala de lo Constitucional dejó que se aplicara ese año, para luego frenarla en 2017 mediante un medida cautelar, cuando estaba en marcha el Presupuesto Nacional aprobado por la Asamblea Legislativa, el cual no contemplaba recursos para pagarles a las AFP, pues ya se había aprobado el mecanismo para financiar dicho pago.
La decisión de la Sala generó un problema de pago a las AFP en abril de 2017, lo que obligó al gobierno a recortarles fondos a los ministerios para solventar dicho pago. Luego vino la reforma de pensiones que alivió la carga financiera del Estado.
El impago se debió principalmente a decisiones políticas de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes incluso en 2015 bloquearon la venta de bonos por 900 millones y entre 2013 y 2018 anularon tributos que afectaron las finanzas públicas por alrededor de 400 millones.
Los propios organismos internacionales dijeron que la economía nacional mostraba un buen desempeño y que la crisis fiscal de 2017 se debía a la falta de acuerdos políticos.
-¿Cómo está la economía en este momento?
Sigue con equilibrio monetario y financiero y hay más inversión privada. Entre enero y junio la inflación acumulada fue de apenas 0.50 %, los intereses bancarios siguieron estables y los créditos y depósitos de la banca crecieron alrededor de 6 %, con respecto al primer semestre del año anterior. La mayor inversión se expresa en el aumento del crédito al sector privado de casi 10 % entre enero y junio, y el aumento de 4.75 % en las importaciones de bienes de capital; en el sector industrial aumentaron 8 %, en electricidad, agua y servicios 7 % y en construcción 5 %. Las exportaciones de bienes se encuentran estancadas pero las de servicios siguen creciendo, y las remesas crecieron 3.5 % en el primer semestre del año. También crecieron un poco (1.4 %) los ingresos corrientes del gobierno.
Sin embargo, el masivo e ilegal recorte de empleo público y el encarecimiento de la energía y los combustibles han golpeado los ingresos de importantes sectores sociales, lo que podría traducirse en un descenso del consumo privado que afecte las ventas y la inversión de las empresas. Además, el gobierno no da señales de apoyar un aumento del salario mínimo, el cual según la ley debe revisarse este año.
Aunque el gobierno no tiene un plan para los cinco años hay señales que apuntan a fortalecer a las grandes empresas, afectar a la población trabajadora y debilitar al Estado y a las pequeñas empresas. Me refiero al posible intento de flexibilizar el mercado laboral, privatizar algunos servicios de salud y trasladarle a las grandes empresas las compras públicas de semillas que hoy proveen las cooperativas y los paquetes escolares que proveen miles de pequeñas y medianas empresas. Por lo menos esas medidas ya rondan en el ambiente.
