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@GloriaCoLatino
Marcelina de 73 años de edad llega fielmente en vísperas del “Día de los Fieles Difuntos” al Monumento a la Memoria y la Verdad, store click entre cientos de nombres contempla el de su hijo, sickness buy cialis Carlos Armando Contreras, case el llanto es incontenible.
“Solo queremos la verdad para que se haga justicia y luego, que pidan perdón, ya pasó mucho tiempo, ahora solo pedimos que nos digan dónde quedaron, queremos la verdad”, dijo. Carlos Contreras desapareció en 1980 en San Antonio Abad, cuando se desplazaba a su trabajo en Antiguo Cuscatlán, contaba con 18 años, y era un joven que militaba en las LP-28.
“Sabemos que gente de ORDEN lo señaló y lo capturaron, nosotros lo hemos buscado por más de 30 años, y ni la Cruz Roja Internacional nos pudo ayudar”, recordó.
El Monumento a la Memoria y La Verdad aglutina 30 mil nombres de personas que desaparecieron de manera forzada o fueron asesinados en el marco del conflicto armado de los años ochenta.
Las placas de mármol labradas fueron inauguradas en diciembre de 2003, con 25 mil 965 nombres; y en marzo de 2008, en la etapa se sumaron 3 mil 169 víctimas más; este monumento fue declarado “Bien Cultural” el 16 de abril de 2011 y está protegido por la Convención de La Haya, que data de 1954.
Miguel Montenegro de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CIDH), que integra la Comisión de trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, se pronunció con un llamado a las instituciones de gobierno, la Fiscalía General de la República, y la Corte Suprema de Justicia a contribuir en la aplicación de justicia. “El derecho a la verdad significa el derecho de todos y todas que se garantiza a través de investigaciones serias, exhaustivas, responsables, imparciales, integrales, sistemáticas y concluyentes por parte del Estado salvadoreño”, afirmó.
Este concepto, agregó Montenegro se visualiza por familiares de las víctimas como el acceso a la información objetiva de estos delitos para facilitar el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción.
“Con la construcción de nuestra sociedad desde la no impunidad, posibilitamos la memoria colectiva, que va a permitir construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad, piedra fundamental para evitar nuevas vulneraciones de los derechos humanos”, manifestó.
El conocimiento de lo sucedido en esos años, comentó Montenegro constituye un elemento indispensable, para construir medidas de reparación para las víctimas y sus familiares. “Necesitamos una institucionalidad transparente y revictimizante , que escuche a la sociedad civil y ratifique como signo de buena fe, el Estatuto de Roma , La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de personas, así como, una política de reparación integral a las personas sobrevivientes de crímenes de lesa humanidad”, puntualizó.
