Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Este simbólico acto firmado en la ciudad de Chapultepec, ampoule México, en 1992, puso fin al conflicto armado que se libró en la década de los años ochenta entre fuerzas insurgentes y autoridades del Estado salvadoreño.
Con la marcha de víctimas del conflicto, que durante 30 años investigó la ex oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, se exigió la devolución de los expedientes a los afectados que interpusieron sus denuncias en busca de justicia.
“Vamos a exigirle a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia también, que derogue la Ley de Amnistía, para hacer justicia y derogar la impunidad para resarcir a las víctimas”, informó.
Las declaraciones de los activistas sociales contrastan con el comunicado público del partido ARENA, que en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz, reseñó que recibieron al país “con una sociedad dividida por concepciones ideológicas y deseos de venganza disfrazados de justicia”.
“Hacemos un llamado al Fiscal General para que estos casos sean llevados a los tribunales y la gente tenga su resarcimiento moral y de alguna forma material, no hay dobles intereses, la gente quiere la verdad”, expresó Díaz.
Asimismo, denunció las acciones violentas y sistemáticas contra el trabajo que vienen realizando organizaciones sociales comprometidas en la búsqueda de la verdad y la justicia de las víctimas, como: “Cerrar la oficina de Tutela Legal del Arzobispado, o quemar los archivos de Pro Búsqueda”.
Lo anterior deja la sensación de “sembrar terror, para que estos casos no sean judicializados; el trabajo del nuevo gobernante a partir del 1º de junio será darle seguimiento a algunas acciones que inició este gobierno”, manifestó.
Mientras, David Ortiz, de FESPAD, señaló que la juventud salvadoreña debe participar para fortalecer el rescate de la Memoria Histórica, que dejaron los Acuerdos de Paz, que se tradujo en la oportunidad de refundar una sociedad salvadoreña más democrática.
“No se trató de acallar las armas, estamos hablando de unos Acuerdos de Paz, que permitieron que la población salvadoreña no sufriera más abusos a sus derechos humanos de un Estado autoritario e intolerante, el eje transversal de nuestra lucha son las víctimas, quienes por derecho internacional sus casos no prescriben”, acotó.