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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Sofía Hernández y Miriam Ayala comparten un pasado doloroso, ambas son víctimas y sobrevivientes del conflicto armado de los años ochenta, que inesperadamente les arrebató sus proyectos de vida, así como sus familiares.
No obstante, lejos del desconsuelo por la ausencia de familiares, estas mujeres continúan luchando desde sus espacios y organizaciones en busca de la verdad, la justicia y la consolidación que hechos de esta naturaleza no vuelvan a suceder.
“Las luchas de las madres en los años ochenta, cuando salíamos a pedir por los presos políticos, las desaparecían en esas marchas, porque nos atacaban con gases y todo lo que tenían. No creo que se les haya olvidado la historia. Las madres seguimos luchando y tenemos el derecho de pedir justicia, verdad y reparación”, expresó Sofía Hernández, representante del Grupo Gestor para la aprobación de la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado.
La Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado y la Red de Solidaridad para la Transformación Social (Reds) realizaron el Foro “Denegación de Justicia, un continuo en El Salvador”, con el fin de abordar la situación del anteproyecto de la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado, que aún no se obtiene un desenlace en la Asamblea Legislativa.
“Es bien doloroso, que pasó el gobierno de ARENA, FMLN y el gobierno que está ahora, que nos sigue maltratando, y las víctimas sin ninguna respuesta. Incluso, el decreto 24, que daba 50 dólares a las víctimas, pues lo quitaron y no les dan nada, para olvidarlas, cuando saben que hay una cantidad de víctimas que no han percibido ni siquiera una pastilla para su dolor”, sostuvo Madre Sofía.
Mientras, Miriam Ayala, vicepresidenta de la Asociación de Sobrevivientes de la Masacre de El Sumpul, reiteró que la Masacre del Sumpul fue el segundo mayor crimen colectivo en el departamento de Chalatenango y el país. Y pese a no contar con ayuda del gobierno nacional ni la justicia, decidieron organizarse para dar continuidad a la demanda de respeto y garantía de la población.
“Soy sobreviviente, perdí una hermana y, la familia entera de mi madre, hasta el momento no hemos tenido ninguna reparación psicológica, que es importante. Hay un caso de un señor que no deja que nadie se le acerque -aún cree estar en la guerra- hago hincapié en esto, porque es sobreviviente del Sumpul, ha quedado muy mal, vive en su casa solo y la familia lo atiende, pero no permite a nadie acercarse, por las circunstancias que pasó y así muchos casos”, relató Ayala.
Como sociedad organizada los sobrevivientes del Río Sumpul han venido trabajando para dignificar la memoria de las víctimas como un monumento memorial con nombres y fechas. Y pese a un proceso legal que llevan en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, que registra 600 víctimas, reconoció que la justicia no llega aún a sus vidas.
“Hay muchas personas que murieron y se llevaron su historia, y no pudieron ver justicia y la reparación que necesitamos. Por eso trabajamos en el parque memorial en donde sucedió la masacre del Sumpul, porque sabemos que es una parte de reparación a nuestros seres queridos, lo hacemos nosotros mismos, ante la ausencia de las autoridades. Y el mural lo encabeza nuestro Santo Monseñor Oscar Romero, que nos da la fuerza de seguir luchando”, expresó Ayala.
Sobre la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado, David Morales, integrante de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, y litigante en el caso de la Masacre de El Mozote, y Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), abonaron con sus análisis sobre la situación jurídica y perspectiva académica sobre las deudas del Estado salvadoreño frente a las víctimas del conflicto armado.
La Asamblea Legislativa aprobó con 43 votos la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, en febrero de 2020, que carecía de aspectos que habían sido presentados con anterioridad por las organizaciones de víctimas sobrevivientes, y tampoco fueron consultadas para este marco jurídico, y que terminó como lo anunció en sus redes el presidente Nayib Bukele, con un veto el 28 de febrero del año pasado.
Posterior a este intercambio del legislativo saliente y el presidente Bukele, el 30 de octubre de 2020 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia realizó la “tercera audiencia de seguimiento” a la sentencia de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía, emitida en 2016, que por las restricciones de la pandemia del COVID-19, la auditoría fue transmitida de manera virtual, en donde las instituciones del Estado salvadoreño, rindieron informes de cumplimiento, pero sin la presencia del presidente de la República, Nayib Bukele, y el entonces fiscal general de la República, Raúl Melara.
Ante este escenario, David Morales reseñó el valioso aporte de los testimonios de las víctimas que se ha convertido en un símbolo de una lucha histórica por la justicia.
“Realmente, El Salvador ha sido uno de los Estados más férreos en el continente en materia de impunidad, que ha protegido a los criminales de guerra, de lesa humanidad en contravención a todo el derecho internacional sobre derechos humanos y en contravención de la Constitución. Un país fundamentalmente ´negacionista´ de la historia y el derecho de las víctimas, durante cuatro gobiernos de diversos partidos políticos, como el actual”, señaló Morales.
Además, las víctimas sobrevivientes han tenido que lidiar con la estigmatización y la marginación estatal que tuvo un punto límite, en las administraciones de los expresidentes Francisco Flores y Antonio Saca, quienes negaron ante los organismos internacionales de derechos humanos que esos hechos hubieran ocurrido, o incumplir o rechazar informes de fondo, recomendaciones y sentencias sobre estos casos.
“El control de estos organismos (OEA, CIDH, ONU) desde hace muchos años ha sido un control muy contundente y reiterado sobre la verdad, justicia y reparación. Los históricos informes de fondo de casos como: monseñor Romero, padres Jesuitas, Elba y Celina, Lucio Parada Cea, que en realidad exigen desde finales de los años noventa a la actualidad, destacando la obligación indelegable del Estado de investigar y juzgar esos crímenes e imponer penas contra los responsables”, reafirmó Morales.
Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, reiteró en su intervención que el proceso de verdad, justicia y reparación traería “el perdón”, y que este dependerá de las víctimas, después de tres décadas del fin de la guerra civil del país (1992) y de 40 años, después de una serie de graves violaciones a derechos humanos contra la población que logró sobrevivir.
“Si queremos lograr la justicia tenemos que partir de la injusticia que se cometió y esto no es abrir heridas -como nos machacan- porque las heridas no han cerrado, ni las que cometen en estos momentos. Y lo único que puede restañar esas heridas es volver a la justicia conociendo la verdad de lo que pasó, porque si la injusticia nos remite a las víctimas, la centralidad de la justicia debe estar en ellas”.
“¿Cuál es el camino para la justicia? La memoria es la categoría clave, no solo recordar hechos o la entiende la historia o el psicoanálisis. La historia es una mirada ética al pasado, es una lectura moral del pasado, que no solo cuenta hechos, sino que busca el sentido de esos hechos. Y lo que hace fundamental a la memoria es precisamente eso la lucha contra la invisibilización de la víctima, la falta de respuesta ante las injusticias cometidas, es querer quitarle la identidad”, respondió Serrano.
Ana Julia Escalante, directora en funciones de Pro Búsqueda, expresó que el tema de la “memoria histórica” es un tema que aún está pendiente en la agenda del gobierno en turno y que precisamente se realiza en el marco de fechas simbólicas como la derogación de la Ley de Amnistía, y la Justicia Internacional, que consideró parámetros de la lucha social de organizaciones de defensa de los derechos humanos en especial las víctimas del conflicto armado.
“Nos llama la atención que el tema de justicia y memoria histórica ha quedado relegado y aislado dentro de las agendas políticas y este foro que desarrollamos, especialmente fue para las víctimas sobreviviente que puedan exponer su sentir, sus necesidades para poderse dirigir a varias instancias del Estado, porque queremos concienciar sobre estos temas pendientes en el país”.
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