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Carlos Girón S.
Alas vergüenzas o sinvergüenzadas señaladas en un trabajo anterior recientemente publicado en este mismo y digno medio, cialis Diario Co Latino, help sinvergüenzadas que ofenden y causan ira entre el soberano, al que le duele acudir cada vez a las urnas a votar, con la esperanza de que un día, de repente, acierte al escoger gente decente, honesta y trabajadora que pueda decirse que lo representan dignamente en el Congreso, viene a sumarse una más en estos últimos días.
Ahora se trata de la chabacanada que han cometido los diputados de las fracciones legislativas de ARENA, PCN y GANA, al tomar por sí y ante sí un “acuerdo” mediante el cual el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), establecido en enero del año pasado, en vez de que sea una entidad administrada por el Estado, se convertiría en una autónoma, o sea, arrebatándole al Estado –el soberano, que por cierto ya se está cansando de tanta burrada de sus “representantes”– este bien público, el Recurso Hídrico, para entregarlo a manos de particulares, puesto que, según el avance noticioso, la pretendida autónoma sería regida o administrada por una junta directiva integrada por siete miembros, cinco de los cuales serían del sector privado
Para este comentario nos basamos en la noticia –porque sí lo es— servida como primicia por este patriótico Diario CO LATINO, que nos dice en lo pertinente que la decisión (para el acuerdo) fue tomada “en un abrupto cambio de agenda” de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de la Asamblea Legislativa, cuando el “legislador” por ARENA, Vicente Menjívar, pidió al presidente de dicha comisión, Francis Zablah, someter a “votación inconsulta” –según la noticia–, una reforma al artículo sobre el mismo tema, aprobado por unanimidad por los legisladores en enero de 2013, creando al CONAGUA como organismo en manos del Gobierno, no de particulares, por ser lo más conveniente y correcto. ¿Por qué? Porque se trata de velar y proteger lo que es el recurso hídrico nacional, que comprende todos los caudales que proveen el preciado bien que es el agua para el pueblo todo, no sólo para unos pocos como medio de lucrar y enriquecerse.
Ahora el punto a ver es cuán legal o ilegal es ese “acuerdo” tenebroso asumido por un grupúsculo del total de los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa. ¿Esta ese grupúsculo por encima del pleno, del reglamento interno y la Carta Magna? ¿Acaso se les han conferido potestades especiales o extraordinarias para que decidan sobre asuntos de gran trascendencia para la vida soberana del pueblo y de la Nación? A simple vista y por elemental lógica, el pueblo dice que es ilegal, arbitrario y abusivo. Incluso violatorio de la Constitución de la República, lo cual es imperdonable y algo que toca los lindes del delito, merecedor de enjuiciar a los violadores.
Al querer privatizar el CONAGUA, con su “acuerdo”, el grupúsculo pasa por encima (viola) la disposición establecida en el inciso cuarto del Art. 84 C.p. que trata de la soberanía que ejerce el Estado salvadoreño sobre “El espacio aéreo, el SUBSUELO y la plataforma continental e insular correspondiente; y, además, El Salvador ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar, el SUBSUELO y el lecho marino hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde la línea de más baja marea, todo de conformidad a las regulaciones del derecho internacional”. En el subsuelo se halla gran parte de los recursos hídricos de nuestro país.
Está claro entonces que el susodicho grupúsculo se arroga derechos soberanos del Estado, que representa –éste sí con toda propiedad, no espuriamente– a los habitantes del mismo, el pueblo, que es el único que puede y debe disponer, en este caso, de los recursos hídricos –ríos, pozos de agua potable, lagos y aguas marinas que le corresponden– en el territorio nacional, en la forma más sabia, más conveniente y provechosa para la comunidad en general, con el fin de asegurar su bienestar, su progreso y su felicidad.
Los elementos del grupúsculo son sin duda los mismos que han venido oponiéndose a la aprobación de la Ley de Aguas, cuyo proyecto reposa en cualquier desván polvoso en los sótanos del palacio legislativo, dada su renuencia a discutirla y aprobarla, tal como lo exigen diversas comunidades de diferentes departamentos de la República, acuerpadas por las llamadas organizaciones sociales, que vienen apoyando y defendiendo las causas legítimas por las cuales lucha nuestro pueblo.
Tal actitud –la renuencia a aprobar la Ley de Agua– va en línea con esta barrabasada última del grupúsculo. Cualquier ley de aguas que se aprobara, según ellos, sería única y exclusivamente la que abriera el camino para la privatización total de los recursos hídricos del país y así hacer también el gran negocio – como la venta de las telecomunicaciones y la energía eléctrica—con el agua de todas las fuentes, a precios caprichosos, para seguir esquilmando al soberano.
Pero, eso no se podrá hacer. Ya mismo, las organizaciones ciudadanas rurales y urbanas intensificarán las marchas de condena y protesta contra las sinvergüenzadas de los tales “padres de la patria”, varios, muchos de ellos, refugiados en sarcófagos de partidos sepultados desde hace tiempo por la voluntad soberana, pero que ellos, mediante marrullerías y leguleyadas, logran salirse del sepulcro, para correr a adueñarse de curules que deberían dejar para elementos nuevos, de mejor trayectoria y más promisorios que las tantas antiguallas que se arrellanan en las curules parlamentarias sólo para ir a roncar, y cuando abren los ojos, lo hacen sólo para aprobar “acuerdos” inconstitucionales y anti-patria, anti-pueblo…
