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Redacción Diario Co Latino
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Las inspecciones por parte de la Defensoría del Consumidor se han sumado a la verificación de que no existan incrementos en los precios de productos básicos como frijoles, arroz, azúcar, verduras entre otros.
Y es que los salvadoreños enfrentan desde hace meses el incremento de precios a productos de primera necesidad, sin embargo, la entrada económica no da abasto para comprar una canasta básica que oscila en la actualidad entre los 500 dólares mínimo.
Este fin de semana el presidente Nayib Bukele lanzó 11 medidas económicas para suavizar el gasto que tienen las familias, que se suma a la crisis mundial que hay por el conflicto entre Ucrania y Rusia y a la crisis local, por lo que no todos los ciudadanos tienen un empleo formal o una entrada que sobrepase el salario mínimo de 365 dólares.
Bukele ha dicho que su gobierno tiene un compromiso de trabajar por cuidar la economía de las familias salvadoreñas afectadas por diferentes factores externos que han incrementado el precio de materias primas, transporte, logística e importación. Aunque también hay factores internos como el incremento al salario mínimo y la voracidad de algunos empresarios, pero esto no lo ha tomado en cuenta el gobierno.
Las inspecciones conjuntas entre la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Agricultura y Ganadería para verificar que los importadores y comerciantes no incrementen precios de manera injustificada, y no se generen especulaciones, se están realizando en los mercados, despensas o supermercados.
“Hoy, nos encontramos en el mercado La Tiendona, desde acá, día a día se abastece a nivel nacional de frutas, verduras y hortalizas. Por ello, nos encontramos realizando un control de inventarios en los comercios que es importante para establecer una base que nos ayudará a identificar incrementos de precios o acaparamiento de producto”, explicó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
Estos monitoreos evitan cualquier tipo de efecto especulativo o de acaparamiento de parte de los proveedores, dijeron las autoridades.
El ministro de Agricultura y Ganadería interino, Enrique Parada, señaló que “es de nuestro interés trabajar con la Defensoría del Consumidor y demás instituciones de Gobierno, en el rol de vigilancia de precios de los principales granos básicos, frutas, verduras y hortalizas”.
También hubo verificaciones en el mercado de Santa Ana y el oriente del país, con el objetivo de que los proveedores y comerciantes sean respetuosos a las leyes que rigen el mercado.
Es de recordar que la “Ley de Protección al Consumidor (LPC) tipifica el incremento de precios injustificados como una práctica que constituye una infracción muy grave, según el artículo 44, literal e, que puede ser sancionada hasta con 500 salarios mínimos mensuales en la industria”.
Además, según la ley el acaparamiento es una figura que está contemplada en el código penal “que lo cataloga como un delito, el hecho de sustraer o retener el mercado del orden normal de la comercialización de alimentos, la sanción es prisión de 2 a 3 años de acuerdo con lo establecido en el código penal”.
Y es que la inflación sigue subiendo, por ejemplo al tomar los datos de enero 2020 a noviembre 2021, el costo de la canasta de mercado subió $37, al pasar de $596 a $633, y los datos gubernamentales indican que el Índice de Precios al Consumidor llegó a 6.2 % a noviembre.
