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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Hacia el final del pasado ejercicio en la asamblea, la bancada oficialista aprobó en tiempo récord, sin discutir ni revisar objetivamente, el proyecto proveniente de CAPRES para reactivar la minería metálica.
Incluso los vimos emular la celebración que hace el congreso estadounidense, poniéndose de pie y aplaudiendo, celebrando un supuesto beneficio para todos.
El hecho empero, es que estos diputados no cumplieron con su obligación ante la Constitución, de revisar objetiva y desapasionadamente el proyecto promovido por el ejecutivo, al que debieron abordar desde una perspectiva objetiva y crítica, revisando bien los beneficios, pero también los riesgos y los desafíos que supone, que son patentes además de reales, no solo para las personas residentes en los lugares que serán directamente afectados por las mineras, también y por la hidráulica del país, a toda la población.
Y no hicieron nada de eso.
No cumplieron con el mandato constitucional, sus obligaciones legales o con la población, pues al aprobar el proyecto minero solo beneficiaron con esa aprobación, a las mineras, al caudillo y su círculo, y por supuesto, la élite financiera.
Lo que no supone siquiera el 1% de la población del país.
Pues la población en general será afectada directa y negativamente si el proyecto se ejecuta, por su exposición directa y perniciosa para su salud, al no poder evitar el agua que proviene de la única fuente que tenemos como país, el Lempa, y que por otro lado supone pérdida del valor de sus propiedades, los cuales se depreciarán cuando la contaminación minera los alcance.
Lo que es cuestión de tiempo.
Ante la incapacidad manifiesta y patente de estas gentes, podemos afirmar categóricamente que no nos representan a la población, sino solo a los espurios intereses de las élites financieras y su proyecto económico.
¿Qué nos queda como soberano hacer para impedir que se concrete este proyecto de muerte?
De acuerdo a lo establecido por la propia Constitución, toca ahora al ejecutivo hacer su parte, es decir, revisar y decidir si dará su vista bueno a lo aprobado por la constituyente, que, por otro lado, es apenas una mera extensión sin voluntad y despersonalizado del ejecutivo, el cual es ilegítimo e ilegal, por lo que, además está desautorizado no solo de promover este proyecto, también de aprobarlo o no.
De frente a esta realidad tenemos la población una realidad jurídica casi inverosímil, pues por un lado el ejecutivo es en realidad apenas un caudillo electorero e ilegal, cuyas acciones son en términos jurídicos improcedentes, que a monopolizado los poderes estatales, a los que ha anulado, y que, para colmo, se sustenta en el arrastre que tiene aún en algún porcentaje de la población.
Lo que tampoco lo califica.
Empero, el hecho concreto y crudo es que ese para gobierno, es el gobierno, y ha decidido ejecutar ese proyecto, para su solo beneficio.
Ni siquiera para sus diputados, sólo para sí y su círculo cercano.
Entonces, queda recuperar al estado, la legalidad, acabar con la ilegitimidad.
