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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
Más de nueve organizaciones de excombatientes y veteranos de guerra, integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, entre ellas la Asociación del Consejo Nacional de Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada de El Salvador, los Veteranos Unidos por El Salvador en Paz, Asociación de Veteranos Reservas y Civiles, y la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, exigieron al Estado el cese al recorte presupuestario que afecta los beneficios para el sector.
Los dirigentes de las organizaciones indicaron que el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el presente años es similar al de 2021, en cuanto a cantidad y estructura, y el apartado de pensiones donde se presume un costo de $100 y el cual está destinado para 123,527 veteranos y ex combatientes, la cantidad solo beneficiará a 96 mil personas, por lo que 27 mil personas no recibirán la pensión.
“El año pasado nos aprobaron un presupuesto de 162 millones de dólares y de estos nos quitaron 40 millones, esto afectó todos los programas que el instituto tiene para los veteranos y ex combatientes. Este recorte, llegó a reducir programas tan sensibles como la vivienda, los proyectos productivos, las becas, y no se pudo ingresar a más de 10 mil veteranos”, externó José Santos Melara, en representación de los excombatientes del FMLN y del directorio de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
La reducción del presupuesto no solo afectaría la pensión de los combatientes, ya que según la organización, han ingresado 10 mil nuevos beneficiarios al Registro Nacional de Veteranos y Excombatientes, de la FAES y excombatientes con carnet de ONUSAL que se programó en 2021, hasta la fecha no se ha concretizado, y seguiría en la misma situación. Además, dificulta el otorgamiento de los proyectos productivos, y la construcción de viviendas de las que en tres años solo se han ejecutado 5 4, de las 19 mil solicitudes.
“La ley es clara con los beneficios, y no le estamos pidiendo favores a nadie, es tácita a los beneficios que por ley nos corresponde. Por eso no debe quedar duda que vamos a trabajar y estamos trabajando por los derechos de los veteranos y los ex combatientes”, manifestó Antonio Sibrián.
Las organizaciones de veteranos y excombatientes denunciaron que a pesar de que la ley establece un aumento de $300 a los veteranos, desde 2020, solo reciben $100, “con los 80 millones que han robado del presupuesto, se hubiera aumentado la pensión”. Y la deuda de indemnización que el Estado tiene, por los 12 años de participación en el conflicto armado, que aún no se cumple, dijo.
“Le estamos informando a todos los veteranos la batalla que se nos viene para garantizar nuestros derechos y beneficios plasmados en los Acuerdos de Paz y en nuestra ley. Somos la segunda ley especial en el país, no hay más, pero la atropellan como quieren, como ha sido característica de este gobierno, atropellar las leyes de la República”, agregó Santos Melara.
La Alianza Nacional El Salvador en Paz hizo una serie de exigencias al Estado a favor de los veteranos y excombatientes. En primera instancia pidió al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que cese el recorte presupuestal para 2023, que en el mes de enero inicie el proceso de llenado de hoja de vida para los más de 10 mil veteranos para ser ingresados, que el pago de pensiones sea desde el mes de enero y no a medio año. La ejecución de 3 mil proyectos productivos y la construcción de mil viviendas para satisfacer la situación de “calamidad” en la que viven.
