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Oscar López
@Oscar_DCL
Milton Recinos, directivo propietario del Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN denunció que el Gobierno bloquea el normal funcionamiento de dicha entidad, con el objetivo de evitar que los beneficios lleguen a los veteranos y excombatientes.
“La representación del Gobierno siempre impone una agenda, los acuerdos van enmarcados en un plan diseñado por el Gobierno para no cumplir o retardar el cumplimiento de algunos beneficios. La intención del Gobierno de boicotear el funcionamiento del Instituto va
precisamente con el objetivo de justificar el no cumplimiento de las promesas de campaña”, dijo Recinos.
El directivo del instituto explicó, que esto sucede porque en la ley se estableció que la representación del Gobierno en el instituto es mayoritaria. Actualmente son nueve representantes del Gobierno, los veteranos de la Fuerza Armada cuentan con cuatro e igual número de representantes los excombatientes del FMLN, por lo que juntos logran ocho votos.
“Estamos preocupados porque tiene una intención nefasta, estamos claros que la representación del Gobierno dentro del instituto no permite la ejecución de algunos beneficios, como los $2 millones para salud, el millón para la compra de tierras, porque albergan la intención de que este dinero no sea ejecutado en el año fiscal y pueda ser reorientado para pagar las indemnizaciones de los trabajadores despedidos sin un debido proceso”, denunció Recinos.
Los veteranos y excombatientes aseguraron que durante la campaña electoral, el ahora presidente Nayib Bukele se comprometió a incrementar el monto de la pensión que reciben los veteranos, además de otorgar una indemnización de $10,000.
Los directivos del instituto que representan a los veteranos de la Fuerza Armada y a los Excombatientes del FMLN coincidieron en que los representantes del Gobierno presentan una “agenda cosmética”, porque no se discuten los problemas que aquejan al sector.
“Nos presentan temas como la organización futura del instituto, cuando deberíamos discutir cómo se van a ejecutar los $11 millones que no quieren ejecutar. También se nos presentan informes maquillados sobre algunas ejecuciones presupuestarias, son temas que a todas luces llevan la intención de desarrollar una agenda sin ningún fruto para el sector”, aseguró Recinos.
Recinos recalcó que por ley se estableció que el instituto es la única entidad responsable de administrar los beneficios para los veteranos de guerra, por lo que si no se logran acuerdos dentro del mismo, no es posible que los veteranos y excombatientes se beneficien de programas y proyectos.
Para equilibrar el número de representantes en la junta directiva del instituto, los veteranos presentaron una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa, en la que se plantea una reforma de ley para se regule la correlación de fuerzas en la junta directiva, es decir, que
los representantes del Gobierno también sean cuatro directivos propietarios. “Tenemos varias semanas de haber presentado la propuesta y hasta la vez solo hemos tenido el respaldo de la fracción del FMLN, sin embargo, seguimos cabildeando para que se llegue a un dictamen de ley favorable a esta reforma”, concluyó Recinos.
