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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Veteranos de guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del departamento de San Salvador, llegaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para conocer sobre la petición a la titular de la institución, Raquel Caballero, de verificar las condiciones de salud de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, en especial Atilio Montalvo y Santos Melara, detenidos el 30 y 31 de mayo de 2024, acusados injustamente de organizaciones y actos terroristas.
Ángel Claudio, representante del grupo de ex combatiente del FMLN de San Salvador, enfatizó que el pasado 30 de octubre, durante una conferencia de prensa, denunciaron las condiciones de inseguridad jurídica y sanitaria en que se encuentran los capturadas.
Claudio dijo que todos los detenidos padecen enfermedades crónicas, son adultos mayores, necesitan de medicación permanente, sus vidas dependen de las condiciones del ambiente en que estén recluidos y las atenciones médicas recibidas; por ello, el 6 de junio organizaciones y movimientos populares solicitaron ante la PDDH su intervención, a fin de activar los mecanismos de protección de derechos humanos.
“Hasta este momento el gobierno inconstitucional de Bukele, no cumple con el compromiso de garantizar el derecho a la salud y a la vida de los capturados, se les niega su derecho a contar con un servicio de salud que garantice la atención médica. Se les está violentando el derecho a la salud, pero también se ve amenazado su derecho a la vida”, aseguró.
Los capturados ilegalmente son los directivos de la Alianza Nacional El Salvador, José Santos Melara, Atilio Montalvo, Julio Alfonso Mira Dimas, Carlos Mejía, Eliseo Alvarado Guerra, José Eliseo Segura Ramírez, Roberto Antonio Esquivel Moreno, Wilfredo Parada, Orlando Cartagena, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel, y Luis Rolando Alberto Menjívar, periodista comunitario
El excombatiente indicó que los derechos violentados son el derecho a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario, derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, derecho a la libertad personal, al honor e integridad personal, garantía del debido proceso y en especial el derecho a la salud.
“Se le pidió expresamente a la procuradora Raquel Caballero se pronunciara sobre el caso, que verificara las condiciones y la situación de todos los capturados, sin embargo, ya se cumplió el plazo sobre esto y no se ha recibido notificación o respuesta a lo solicitado. Esto es considerado un delito de incumplimiento de deberes, ya que el funcionario está omitiendo, rehusándose o retardando lo que la ley establece”, expresó Claudio.
La abogada de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Ivania Cruz, explicó que luego de la captura de los veteranos presentaron a la PDDH una denuncia por violación a derechos humanos y la condición vulnerable de las víctimas, quienes se encuentran en estado crítico por sus enfermedades, han pasado cinco meses y durante ese tiempo la institución no ha notificado nada de ningún trámite.
“No sabemos nada de los compañeros que el 14 de diciembre de este año, finaliza la etapa de instrucción, la fiscalía ha tenido el tiempo suficiente para este proceso, como defensa hemos venido haciendo ciertas diligencias que hasta la fecha no se dan respuesta. Atilio Montalvo está grave de salud e incluso, puede llegar hasta perder su vida, está en situación crítica y la familia no conoce nada de su salud”, agregó la abogada.
Dijo que en cuanto a José Santos Melara, se presentó un recurso de la Cámara Primera contra el Crimen Organizado, han pasado meses sin dar una resolución y dar la orden para cambiarle las medidas sustitutivas, desde agosto de este año, hizo la última notificación que fue trasladar el recurso a la Fiscalía General de la República para que diera respuesta, pero desde entonces no se sabe nada.
En el caso de Luis Menjívar hay cinco testigos que se han propuesto como prueba anticipada para que sean entrevistados, también el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado está pendiente.
“Como defensa hemos venido dándole el seguimiento correspondiente al caso, pero el sistema no le da respuesta a estas personas, que han sido detenidas en un caso muy claro de persecución política, previo a la toma de posesión inconstitucional de Nayib Bukele, que utilizó este miedo para generarlo a las asociaciones y grupos de veteranos y excombatientes”, sostuvo Cruz.
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