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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las organizaciones que integran los veteranos, veteranas y excombatientes rechazaron este martes lo que consideran un “injustos proceso penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES”, por lo que exigieron el cese de lacriminalización de estos cinco defensores sociales.
Fue el 11 de enero de 2023, cuando autoridades de la Fiscalía General de la República, juntamente con miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), llegaron a la comunidad Santa Marta, municipio de Victoria, Cabañas, para capturar a: Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES). También fue capturado el excomandante guerrillero Raúl Hércules.
Actualmente, los líderes comunitarios continúan en arresto domiciliar desde el pasado 5 de septiembre 2023, luego de 9 meses en prisión enmedio de un proceso judicial “irregular” como lo han reiterado diferentes organizaciones, ante la carencia de pruebas y un cuestionado testigo de cargo, presentado por el ente fiscal.
La población de Santa Marta en su mayoría está compuesta por personas que durante el conflicto armado de los años ochenta, migraron hacia Mesa Grande, Honduras, para luego repoblar este territorio y por el cual han trabajando organizadamente para brindar oportunidades de desarrollo económico, social y cultural a sus habitantes.
En su comunicado la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN (ANVEGE), la Asociación Salvadoreña de Veteranos y Veteranas de Guerra (ASALVEG) y la Asociación Coordinadora Nacional de Veteranos Revolucionarios Salvadoreños del Histórico FMLN (CONAVERS), exigieron la libertad inmediata de los líderes comunitarios y deploran la “acusación infundada” contra ellos. “Como señala la defensa legal y cientos de organizaciones nacionales e internacionales, este caso es una manipulación del sistema judicial para perseguir a los compañeros de Santa Marta por su labor actual de defensa ambiental frente a las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica que está prohibida por la ley”, alegaron.
“Denunciamos el intento de criminalizar a todo el sector de veteranos, veteranas y excombatientes que militamos en las organizaciones insurgentes integrantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante el conflicto armado”, reiteraron.
Asimismo, expresaron sus muestras de solidaridad con sus compañeros detenidos y exigieron al Sistema Judicial y la Fiscalía General de la República, la “inmediata libertad” de los cinco líderes comunitarios. Y demandaron que al ente fiscal a cumplir la Ley de Reconciliación Nacional vigente desde 1992.
“Han pasado por encima de la Declaración Franco-Mexicana y los Acuerdos de Paz, la Fiscalía define a estas organizaciones históricas como -asociaciones ilícitas- . Esto significa que una eventual condena contra los compañeros de ADES, sentaría un grave precedente jurídico que convertiría en sujetos perseguibles penalmente a todos y todas las excombatientes”, declararon la asociaciones de excombatientes. “Como organizaciones que integramos a miles de veteranos y veteranas, exigimos a la Fiscalía que retire esta temeraria y absurda acusación contra quienes luchamos por desmontar el militarismo y arriesgamos nuestras vidas por la justicia social, la democracia y la paz en El Salvador”, concluyeron.
