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Redacción Nacionales
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La Alianza de Veteranos y Ex Combatientes El Salvador en Paz, realizaron este lunes acciones de protesta en esta capital por haberse “impuesto” como presidente de la junta directiva del Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales de excombatientes y veteranos del Conflicto Armado (INABVE), a un ex sargento de la extinta Policía Nacional.
El pasado 9 de julio, por instrucciones del presidente Nayib Bukele, fue designado como nuevo presidente INABVE, el sargento Rafael Aguillón Rivera (de la extinta Policía Nacional), en sustitución del excomandante guerrillero y ex capitán del Ejército Marcelo Cruz Cruz.
La decisión del presidente Nayib Bukele ha generado el rechazo de los beneficiarios del INABVE, quienes expresaron públicamente que este proceso de designación fue imprevisto y con visibles faltas evidentes al proceso de elección que manda el reglamento de la Ley Especial para Regular Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
“Es lamentable ver que de la noche a la mañana imponen un presidente, y es lo que estamos protestando este día, porque han puesto a Aguillón, de manera ilegal, de forma fraudulenta porque no han respetado la ley del Instituto”, dijeron.
Los cuestionamientos al nuevo presidente de INABVE no es solo por la forma impositiva, sino también por su vinculación con el partido Cambio Democrático (CD) y el partido oficial Nuevas Ideas (NI).
Asimismo, detallaron que ese nombramiento “rompe” todo el trabajo que se había venido desarrollando desde la junta directiva que encabezaba Marcelo Cruz Cruz, así como el logro de articular y gestionar un espacio y tejido social de la entidad con sus beneficiarios.
“La verdad, no le está dando espacio a la directiva para que desarrolle el trabajo de beneficio a los compañeros veteranos. El gobierno se está aprovechando del Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales de excombatientes y veteranos del Conflicto Armado y pone en riesgo los beneficios. Sabemos que el presidente del INABVE es nombrado por el presidente de la república, pero ha faltado al proceso”, agregaron.
Mientras, un familiar de los veteranos señaló que el presidente Nayib Bukele señaló que ha dado orden de limitar o desaparecer algunos de los beneficios de los veteranos, lo que consideró totalmente “injusto”, porque la mayoría eran ya población adulta mayor y por tanto vulnerables.
“No es justo que quiten todos los beneficios, como él (presidente Bukele) es un empleado también, y va de paso, no puede hacer eso, porque la gente ha sufrido mucho, y de los dos sectores, y merecen su pensión. Y no es justo, no debe aprovecharse, porque el pueblo votó por él y tiene que hacer mejor las cosas, la gente confió en él”, indicó.
Este sector poblacional ha venido tratando de entablar un “diálogo” con el presidente Nayib Bukele.
El pasado mes de abril, que tenían una cita pactada los veteranos y ex combatientes para discutir sobre dos temas principales: el cumplimiento de los beneficios que legalmente señala la normativa y satisfacer la promesa de ampliar la lista de veteranos del conflicto armado, no fueron recibidos.
Se considera que un total de 328 mil personas son parte de los veteranos y ex combatientes de la guerra civil de El Salvador, que finalizó tras la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, en el Castillo de Chapultepec, México.
Entre los beneficios que el Estado salvadoreño, a través del INABVE, debe proporcionar a esta población se encuentra: pensión ( no mayor a 300 dólares) e indemnización ( 3 mil dólares); atención médica preferencial, programas de inserción productiva; acceso a la educación; transferencia de tierras, insumos agrícolas. Cabe destacar que la pensión y la indemnización fue prometida como parte de la campaña electoral del ahora presidente Bukele.
También piden apoyo para la construcción y mejoras de viviendas a beneficiarios y sus hijos; acceso a programas de líneas de crédito con intereses flexibles; y la prestación de servicios funerarios, según el Decreto Legislativo emitido en 20 de diciembre de 2018.
Los manifestantes, durante todo el tiempo de su protesta estuvo rodeada de una fuerte presencia agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y unidades especializadas como la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), aunque no se generaron incidentes
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