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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Los ex combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y veteranos de la Fuerza Armada se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados que tomen en cuenta su anteproyecto de ley presentado hace dos semanas, a fin de reestructurar el presupuesto de este sector para aumentar a $200 la pensión e iniciar el pago de la primera cuota de la indemnización por $500.
José Santos Melara, directivo del Instituto Administrador de los beneficios y prestaciones sociales de veteranos y ex combatientes, explicó que en 2021 y 2022 les fue asignado un presupuesto de $162 millones 500,097, pero en el transcurso del año Hacienda les recortó $40 millones, enfrentando dificultades para finalizar noviembre, e incluso retrasó en pago de pensiones y aguinaldo del mes de diciembre.
“Al igual que el año pasado el 2022 ha sido de pérdidas para los veteranos y ex combatientes, debido al recorte presupuestario de $40 millones, hay un enorme descontento porque el presidente Bukele en campaña prometió $600 de pensión y $10,000 de indemnización, pero a 3 años y medio de gobierno no ha cumplido nada”, recalcó en una entrevista a Diario Co Latino.
Según Melara, hay temor que al aprobar el presupuesto general de la nación, los diputados no reestructuren el presupuesto de los veteranos y no integren el aumento a $200 la pensión y la primera cuota de indemnización por $500. La ley establece que la pensión incrementará gradualmente hasta llegar a $300, sin embargo, desde hace tres años el gobierno no se ha preocupado por cumplir la normativa, “si se estructura bien no hay necesidad de incrementar el presupuesto, y sale el incremento a $200 de pensión”, reiteró.
A criterio del dirigente de los veteranos, no están pidiendo nada que no esté en la ley, pero la característica de este gobierno es violentar las leyes del país, y en este caso la de su sector, aprobada el 20 de diciembre de 2018, pero hasta el momento no han pagado ni un cinco de la indemnización, por eso proponen que los $3,000 sean en cuotas de $500 cada año
“Queremos recordarle a los diputados que vamos a entrar a un periodo preelectoral, recortarles que miles de veteranos votaron por Nuevas Ideas y por el presidente, van a andar pidiendo el voto, pero que se acuerden que ya nos engañaron la primera vez y que no lo van a volver a hacer. Los veteranos están muy molestos porque el señor presidente y los diputados se han hecho los locos con lo que nos corresponde”, sostuvo.
Recordó que a quienes votaron por Bukele y Nuevas Ideas les prometieron 10,000 viviendas, igual número de becas, $10 millones para proyectos productivos durante su gestión, pero hasta el momento lo que se ha tenido es dificultades en ajustar el presupuesto para los beneficios establecidos en la ley de veteranos, que es una indemnización de $3,000, pensión de hasta$300, estudios superiores para ellos o sus hijos, salud preferencial, inserción productiva, entrega de tierras con vocación agrícola, créditos preferenciales y bono funerario.
Asimismo, indicó que en mayo de este año les recortaron $40 millones, cuando todos los programas iban encaminados, se quedaron limitados y con recursos insuficientes todos los beneficios establecidos en la ley, por ello, decidieron priorizar las pensiones y el resto de programas con pequeñas cantidades para iniciar el proceso.
Enfatizó que el presupuesto del próximo año está diseñado para otro recorte de $40 millones, porque el registro es de 123,000 veteranos y ex combatientes, pero de esa cantidad solo se les paga a 96,000, el resto están incluidos en otras instituciones o son jubilados por el trabajo desempeñado, por lo tanto, aducen que como no cobran se debe quitar el dinero, pero no toman en cuenta que ese dinero puede servir para el incremento de las pensiones.
Este año se han beneficiado a 96,000 veteranos y excombatientes con los $100 que hace una inversión mensual de $9.6 millones, al hacer el recorte quedaron $122 millones del presupuesto, de los cuales $115 millones son anualmente para pensiones, de los $7 millones restantes comenzó el proyecto de viviendas, continuar con un pequeño beneficio de salud y pagar a algunas viudas el bono funerario.
Melara manifestó que es preocupante la situación económica. Al cierre del año hay desempleo debido a los despidos en las instituciones públicas, alto costo de la vida, $1500 millones de deuda a corto plazo adquirida desde la pandemia del COVID-19, por un año con la banca local, los más afectados son los bancos, especialmente el Agrícola por haber prestado más al Estado, las calificadoras de riesgo le han bajado puntuación porque está dentro de los recursos utilizados por el gobierno.
