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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El gobierno con el Estado de Excepción, le ha robado los derechos al pueblo salvadoreño, pero no le basta con esto y quiere también criminalizar y enjuiciar a otros sectores que no compartimos su forma de pensar o actuar”, denunció José Santos Melara, de la Alianza de Veteranos y Excombatientes El Salvador en Paz.
Melara expresó el apoyo por parte de las organizaciones de veteranos y ex combatientes a los cinco ambientalistas de Santa Marta y ADES, quienes llevan más de un año en un proceso penal que calificó de “ilegal” por parte de la Fiscalía General de la República y el Sistema Judicial.
“Queremos expresar nuestra postura alrededor del caso de los compañeros ambientalistas de Santa Marta, que el 3 de abril tendrán su audiencia preliminar después de 13 meses de haber sido capturados”.
Melara agregó que la Fiscalía General de la República en la fase de instrucción no ha encontrado ningún elemento que demuestre la existencia de los delitos señalados.
La madrugada del 11 de enero de 2023, un combinado policías y militares rodearon la Comunidad Santa Marta, en el municipio de San Isidro, Cabañas, en el Oriente del país, con el fin de capturar a los dirigentes comunitarios Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes de la comunidad y directivos ADES-Santa Marta.
La captura fue realizada por un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado (1989), según cuentan un “testigo de cargo”, quien durante el proceso judicial se ha contradecido en sus declaraciones y una exhumación de casi 15 días, que mostró que no existen restos óseos en el lugar identificado por el testigo.
“Las organizaciones de veteranos, veteranas y excombatientes del conflicto armado reiteramos nuestro rechazo a la persecución judicial contra los líderes comunitarios de Santa Marta y la Asociación ADES, exigimos su pronta libertad y demandamos el cierre definitivo de este caso”, expresó Melara.
Melara añadió que con este caso de los cinco ambientalistas de Santa Marta, la Fiscalía y el Sistema Judicial se encuentran preparando un “modelo de criminalización”, para aplicarlo a diversos sectores sociales que no comparten las decisiones del Gobierno.
“Nuestra postura como Alianza de Veteranos y Ex Combatientes El Salvador en Paz, ante este caso vergonzoso que la Fiscalía trata de probar sobre la base de mentiras, y para probar un modelo de criminalización para ser aplicado posterior a nosotros le decimos, no lo vamos a permitir y lucharemos hasta las últimas consecuencias por el respeto al derecho, la paz, y la justicia social”, acotó.
La criminalización contra Rubén Zamora es un mensaje a la oposición de lo que es capaz de hacer contra aquél que se oponga a sus pensamientos. “Y con los compañeros de Santa Marta, buscan el modelo a aplicar a cualquier ciudadano, inventando una acusación, contar con un testigo que haga valer el caso y de esa manera meterlos presos”, explicó Melara.
Caso Santa Marta tiene tintes políticos
Alfredo Leiva, líder comunitario de la Comunidad Santa Marta, Cabañas, afirmó que este miércoles 3 de abril, esperan una resolución favorable a favor de los cinco compañeros ambientalistas, pero no apartó la preocupación, por las reiteradas menciones sobre los “tintes políticos” que rodean el caso de esta comunidad de la zona para central del país.
“Este caso es difícil predecir lo que pueda ocurrir, en ese sentido a manera de actualización, puedo decirles que la Fiscalía presentó en tiempo el requerimiento de acusación e igual la defensa presentó su respuesta y la jueza ya fijó la fecha este 3 de abril”, señaló.
En el requerimiento de la Fiscalía no hay nada nuevo, ningún aporte, incluso, ha obviado algunas diligencias que realizó durante el proceso (de instrucción), eso significa que jurídicamente el caso es débil y se cae por su propio peso”, manifestó Leiva.
No obstante, Leiva consideró que por las “motivaciones políticas”, el caso podría “alargarse” , con el sólo fin de de buscar “criminalizar el movimiento social”, a los veteranos y excombatientes, así como, toda la oposición que le plantee críticas a la actual administración.
La estrategia le ha funcionado al gobierno casi a partir de que convenció a muchos, y a los que no convenció les metió miedo, entonces, de esa manera ilegalmente se ha reelecto y no le queda otra al pueblo salvadoreño que seguir luchando porque se hagan las cosas de manera legal por la democracia, consideró.
“Esa democracia que se fundó con los Acuerdos de Paz, y que ha venido desmontando, pero nosotros tenemos mucha confianza que este 3 de abril se resuelvan nuestras cosas a favor, a partir de que es un caso débil penalmente, y el apoyo que hemos recibido a nivel nacional y la comunidad internacional que ha sido enorme”, reiteró Leiva.
Derechos humanos versus la explotación minera
Miguel Ángel Alvarado, excombatiente e integrante de la Alianza, señaló que esta maniobra del “gobierno para criminalizar determinados esfuerzos de lucha”, como el Caso Santa Marta, tiene el trasfondo de extraer y comercializar el oro en la franja norte del país , que cuenta con 37 yacimientos de metales preciosos.
“Están tratando de amedrentar a esta comunidad que ha venido librando una lucha a fondo en contra de la extracción minera y sobre esa base, criminalizar también a los luchadores sociales, a los excombatientes que dimos todo, que pusimos nuestra juventud para cambiar un sistema de dictadura militar”, reseñó.
Sabemos que la extracción de ese mineral del subsuelo generará un grave nivel de contaminación a partir de los ácidos como el cianuro, que se ocupa para depurar la roca del metal, dijo Alvarado.
Lo que incrementa el nivel de contaminación que ya existe en los acuíferos superficiales y subterráneos, afirmó.
“Es un atentado contra la vida y no se vale querer sacar dinero a costa de exponer la vida de miles de salvadoreños y salvadoreñas que habitan esta zona”, puntualizó Alvarado.
