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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Los veteranos y excombatientes pidieron al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, devolver de inmediato más de $40 millones que derogó del presupuesto 2021 a las arcas del Instituto Administrador, a fin de seguir ejecutando los programas retrasados, así como el aumento de la pensión de $200.
A criterio de los veteranos y excombatientes, no están pidiendo aumento, porque con el actual presupuesto más los $40 millones adeudados por Hacienda es suficiente para el pago de $200 de pensión desde el mes de abril de 2022.
La Ley de los veteranos y excombatientes establece el aumento gradual de la pensión hasta llegar a $300 mensuales, sin embargo, desde el 2020 reciben
$100 cada mes, con lo cual se está violando la ley, además, establece el pago de una indemnización y después de 4 años de estar aprobado en la normativa, el Ministerio de Hacienda no ha cumplido con dicho pago.
Durante 2021 el Instituto Administrador asumió la responsabilidad de ejecutar la partida presupuestaria de $162,527.636 aprobada por la Asamblea Legislativa, para los beneficios establecidos en la Ley Especial Reguladora de los Beneficios para los Veteranos y Excombatientes, pero este presupuesto fue diezmado por los recortes financieros de Hacienda.
En mayo de 2021 fueron informados del primer recorte de aproximadamente $5 millones que según una notificación, sería para el refuerzo presupuestario de la Dirección General de Protección Civil, la segunda derogatoria fue al finalizar el año, donde fueron congelados $21 millones, en esta ocasión no contaron con una notificación oficial.
“Nos informaron que el ministro de Hacienda, por teléfono, informó de la congelación sin ninguna explicación o solicitud a la junta directiva del Instituto. Esta situación nos privó del derecho de hacer uso en la inversión de $20 millones del FEFE ampliado, que por ley corresponde para los beneficios de los veteranos y excombatientes”, indica una carta enviada al titular de Hacienda.
Según la ley, para poder modificar los presupuestos aprobados por la Asamblea Legislativa, los diputados deben aprobar una reforma para modificar la ley del presupuesto.
La derogatoria de los fondos no permitió que ejecutar programas como la construcción y mejora de viviendas, la ejecución de los proyectos productivos; cancelación de bonos funerarios. Asimismo, la puesta en marcha de cuatro sedes regionales para acercar los trámites y obtener los beneficios a los veteranos y excombatientes.
Las notas oficiales y actas de los acuerdos tomados por la junta directiva del Instituto señalan que las gestiones fueron oportunamente, en este año se programó y el dinero estaba aprobado para el pago de la pensión a los más 17,000 veteranos y ex combatientes lisiados y discapacitados de guerra.
La Asamblea Legislativa no respondió a la solicitud de una interpretación auténtica sobre el concepto mal utilizado de la pensión y se dejó sin el pago a los lisiados que tanto lo necesitan, pues existen miles quienes viven de las contribuciones que el fondo de lisiados le otorgan.
